El tema del contrato suscrito por cuatro diputados con una firma de lobistas en Estados Unidos fue abordado este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Como invitados vía telefónica participaron los diputados del Congreso de la República, Amílcar Pop, de la bancada Winaq; y Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), este último es uno de los firmantes.
Linares afirmó que la contratación de la firma de lobistas Barnes & Thornburg es un acto de "transparencia" que busca incidir, con la política de valores del Gobierno republicano de EE. UU., en las relaciones bilaterales entre Guatemala y la nación norteamericana.
Al ser consultado sobre quién o quiénes gestionaron el financiamiento para los servicios de lobby, Linares aseguró que él consiguió a los financistas. Acerca de ellos solo se ha dicho que son empresarios, pero no se han revelado sus nombres porque, según el legislador, prefieren permanecer en el anonimato.
“Yo busqué a algunos (financiastas), ellos se contactaron con los demás diputados y se hizo una buena coordinación para que ellos pagaran los servicios. Estaban de acuerdo en mejorar las relaciones en varios temas”, afirmó Linares.
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Y sobre la empresa contratada dijo que es una firma muy conocida en Estados Unidos, integrada por abogados expertos que están en el ránking más alto de “cabildeadores”.
De igual forma, explicó que no puede dar a conocer los nombres de los financistas a menos que tenga la autorización de ellos para hacerlo. “Yo me comprometí a guardar la confidencia, y eso se puede porque se trata de un asunto lícito, legal y beneficioso para Guatemala”, aseguró Linares.
Pop explicó que habría que analizar dos escenarios distintos en este caso. Uno es que si hay interés individual de cualquier ciudadano en incidir en la toma de decisiones que le afectan, existe legalidad en usar sus recursos si es en sentido personal.
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En tanto, si se trata de una acción colectiva, Pop consideró que se debe verificar si se está influyendo en las relaciones bilaterales o de política exterior, ya que en Guatemala es el Presidente de la República, por mandato constitucional, el único que dirige la política exterior del país.
El parlamentario señaló que no ha tenido la oportunidad de revisar el contrato suscrito por los parlamentarios; sin embargo, mencionó que de darse el segundo de los casos podría existir usurpación de funciones o violación a la Constitución de parte de quienes pretendan generar incidencias en temas que deben canalizarse a través de Cancillería por mandato del Presidente.
Por su parte, Linares resaltó: “no vamos a manejar la política exterior, pero sí a incidir”. Asimismo, se refirió a que se pretende que exista más inversión americana en Guatemala.
El legislador del PAN afirmó que “la transparencia en el contrato es absoluta”. No hemos recibido fondos ni vamos a recibir dádivas”, aseguró.
En cuanto a si existe ilegalidad en la contratación de la firma de lobistas, Pop mencionó que la duda permanecerá hasta que Cancillería y el Gobierno fijen una posición clara.
“Si el presidente tiene claridad en su mandato y el contrato define que no hay elementos que puedan usurpar la calidad de relación bilateral y política exterior del país, no veo ningún tipo de delito. Los diputados pueden viajar o hablar con quien quieran en cualquier país del mundo”, resaltó Amílcar Pop.
Señalamientos contra el embajador
Al ser consultado sobre si esta acción de contratar el lobby estaría enfocada en accionar contra el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, Linares indicó que él no aparece en el documento suscrito.
Añadió que el diplomático “tiene contados los minutos de quedarse en Guatemala”, ya que el Gobierno republicano de Donald Trump lo va a cambiar “por razones obvias, pues él sigue una línea de activismo político al estilo Obama”, dijo.
Agregó que “todas las cartas enviadas a Estados Unidos, a Kerry, Tillerson y Trump, señalando los delitos que cometió (Robinson), como tráfico influencias para que fuera electa Gloria Porras en la Corte de Constitucionalidad” cuentan para que él ya no se quede en el país.
Por aparte, recordó que tenía programado un viaje a Estados Unidos para abril pasado en el cual trabajaría para “mejorar las relaciones” del país, pero que como Robinson le “quitó la visa” no pudo viajar.
Sobre los señalamientos contra Robinson, Pop indicó que si algunas personas tienen conocimiento de que ha incurrido en delitos esto se debió denunciar en su momento.
“No procede ir a denunciarlos o solo informarlos al extranjero, cuando se supone que le apostamos a un Estado de derecho en el país”, afirmó.
Acerca de Marvin Mérida
Por aparte, Pop se refirió a Marvin Mérida, excomisionado presidencial del Migrante, quien fue removido del cargo en marzo pasado ya que según el Ejecutivo, “se excedió en sus funciones”.
Trascendió que esta persona también suscribió un contrato, por los mismos servicios, el mismo monto y con la misma compañía de lobistas. Esto lo habría hecho a título del Gobierno guatemalteco, aunque este último rechaza haber respaldado tal acción.
Pop dijo que este es el segundo incidente en el cual Mérida toma acciones y el presidente las desconoce. Añadió que Jimmy Morales no puede decir que no está autorizando algo pero se sigue dando, por lo cual debe accionar en este aspecto.
Mientras que Linares indicó que no tiene ninguna relación con Mérida y que solo lo conoció en una oportunidad.
