Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), se refirió en un comunicado a la situación con la que viven unas 100 familias que fueron desplazadas de sus hogares en la comunidad de la Laguna Larga, en Petén.
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Estas familias viven actualmente en la franja fronteriza con el estado mexicano de Campeche, y huyeron en previsión de un desalojo forzado programado para el 2 de junio y ordenado por un tribunal.
Desde entonces las familias viven en condiciones “extremadamente precarias”, en tiendas de campaña y dependiendo de la asistencia humanitaria de corto plazo, que incluye alimentos, agua, medicinas y artículos de higiene proporcionados por el Gobierno y algunas organizaciones no gubernamentales; sin embargo, los suministros se están agotando.
Nos preocupa que los desalojos hayan sido ordenados sin asegurar la existencia de planes firmes de reasentamiento y protección para las familias afectadas, como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos, dejando a las familias literalmente sin un lugar a dónde ir. Las familias desplazadas pueden recibir asistencia humanitaria adecuada hasta que se adopten las medidas de reubicación apropiadas”, dijo Colville.
Agrega: “Entendemos que para las próximas semanas se prevén nuevos desalojos en la zona que se encuentra dentro del Parque Nacional Laguna del Tigre, lo que podría conducir a una situación de crisis y potencial violenta. Esta situación se ve agravada por la débil presencia del Estado y la operación de actividades ilícitas, como el narcotráfico, en la región”.
Desalojos son comunes
Colville asegura que por el problema de la inseguridad en la tenencia de tierra, los desalojos forzosos son comunes.
Dichos desalojos solo deberían llevarse a cabo como último recurso, después de haber agotado todas alternativas y de conformidad con las medidas adecuadas antes, durante y después del desalojo, con protección especial para las mujeres, niños y pueblos indígenas", agrega.
Por eso considera esencial que el Gobierno de Guatemala tome acciones urgentes para establecer un diálogo de buena fe con las familias desplazadas de la comunidad la Laguna Larga, así como con otras comunidades en riesgo de desalojos forzados, a fin de encontrar soluciones alternativas adecuadas y aceptables.
