El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno del presidente Nicolás Maduro, agotó el plazo que se fijó para dar su veredicto, tras la audiencia celebrada hace una semana en la que el oficialismo acusó a la fiscal Luisa Ortega de mentir contra los magistrados, por lo que su fallo se supone inminente.
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Ortega se rebeló abiertamente contra el gobierno justo al inicio de protestas opositoras, que dejan 95 muertos desde el 1 de abril y exigen la salida de Maduro.
Foto: AFP
La abogada, de 59 años, fue acusada por el diputado oficialista Pedro Carreño de "mentir" al afirmar que no avaló la designación, según ella "amañada", de 33 magistrados por el anterior Parlamento chavista, en 2015.
Carreño asegura que Ortega, a quien los oficialistas consideran una "traidora", es "bipolar" y pidió incluso al TSJ declarar "su insania mental".
"No tengo miedo"
La fiscal afirma que se mantendrá en el cargo, aun si se ordena su destitución, para defender el restablecimiento del orden constitucional, que según ella interrumpió Maduro a través del TSJ con fallos que socavaron las facultades del Parlamento, desde 2016 dominado por la oposición.
El periodo de Ortega en la Fiscalía vence en 2021.
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"No he cometido ningún delito. Denuncié a los magistrados que me están procesando porque no son legítimos".
Foto: AFP
En medio del enfrentamiento, aceleró en estos días imputaciones contra varios funcionarios civiles por supuestos actos de corrupción (incluido el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht) y militares bajo cargos de violación de derechos humanos. No obstante, dijo no temer a posibles represalias.
"Todo es posible, hasta que me pidan una orden de captura. Lo máximo que me pueden hacer es que me maten. No tengo miedo".
Poco antes de la audiencia del 4 de julio, a la que Ortega no asistió por considerarla un "circo", el TSJ juramentó como vicefiscal y eventual sustituta a Katherine Haringhton, abogada chavista sancionada por Estados Unidos bajo señalamientos de violar los derechos humanos.
"Esto puede revolver el ambiente político mucho más de lo que está", advirtió Salamanca, al referirse a que por una parte Ortega no reconoce el nombramiento de Haringhton y por otra es al Parlamento al que corresponde la remoción.
Pero el Legislativo (que apoya a la fiscal) fue declarado en desacato por el TSJ, que ha anulado todas sus decisiones, por lo que podría ordenar directamente la destitución.
