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Uruguay iniciará venta de marihuana en farmacias el próximo miércoles

La histórica venta al pública de marihuana para uso recreativo en Uruguay comenzará el próximo miércoles en un grupo de farmacias locales, anunció este viernes el gobierno.

La presidencia ratificó en un comunicado que el estatal Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA) resolvió dar cumplimiento a la venta de marihuana controlada en farmacias desde el 19 de julio.

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El cronograma para la venta al público de marihuana en farmacias ha sido el punto más conflictivo y complejo de la ley, presentada y aprobada durante el mandato del expresidente izquierdista José Mujica (2010-2015) como estrategia de lucha contra el narcotráfico.

Para esta última etapa de venta de "cannabis psicoactivo de uso no médico", y que permitirá cumplir 100% con la aplicación de la legislación, se prevé dar a conocer la lista de farmacias adheridas el mismo miércoles 19.

El instituto habilitó el expendio de dos tipos de marihuana, que se comercializarán en paquetes de 5 y 10 gramos.

De acuerdo con el organismo encargado de regular el tema, las farmacias venderán "flores de cannabis envasadas en estado natural, desecadas".

Juan Andrés Roballo, prosecretario de la presidencia uruguaya –bajo cuya égida está la Junta Nacional de Drogas–, se manifestó satisfecho ante los medios por el cierre del cronograma e indicó que se alcanzó una "coincidencia adecuada, entre la producción, la cantidad, la adhesión de farmacias y el número de personas registradas".

¿Rentabilidad?

El IRCCA señala que, desde que se inició el proceso de inscripción el 2 de mayo y hasta el pasado 10 de julio, 4.711 personas se han registrado para comprar marihuana, el 60% aproximadamente en Montevideo y el resto en los otros 18 departamentos (provincias).

La mayoría de los registrados son personas de entre 30 y 44 años (cuatro de cada diez registrados), naturales o residentes legales en Uruguay, cuya población es de unos 3,4 millones de habitantes.

La discusión previa así como la implementación de la legislación ha estado rodeada de polémica en Uruguay.

Esta ley habilita tres vías para acceder al cannabis: autocultivo en hogares; cultivo cooperativo en clubes y venta en farmacias de marihuana producida por empresas privadas controladas por el Estado.

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Los farmacéuticos son escépticos sobre la rentabilidad del negocio: cada persona inscrita tiene derecho a comprar 40 gramos mensuales, a 1,30 dólares el gramo.

Además les preocupa la cantidad de inscritos y cómo se va a preparar a la gente que estará encargada de la venta, además de la seguridad de sus comercios, lo que hace lenta la adhesión.

La prensa local informó que una las principales cadenas de farmacias de Uruguay, San Roque, habría dado marcha atrás y no se sumaría al registro oficial de locales que venderán marihuana al considerar que el proceso ha sido "desprolijo".

En este sentido, Roballo declaró que aún "no se ha bajado nadie". "Simplemente estamos en un proceso en el que se han adherido farmacias y con otras estamos trabajando" para ello.

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El producto a ser expendido también ha sido criticado por personas vinculadas a la actividad, ya que esta semana la presidenta de la Sociedad de Endocannabinología de Uruguay, Raquel Peyraube, declaró a medios locales que este cannabis "no pega nada" (no surte efecto psicoactivo). Otros dicen que favorecerá la oferta en mercado negro.

Pero Roballo salió al cruce. "No comparto en absoluto esa afirmación, vamos a ver cómo funciona el sistema y luego hablamos".

A nivel oficial fueron formados 60 clubes de membresía en funcionamiento y 6.876 autocultivadores registrados.

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Sólo dos empresas fueron habilitadas para producir y cultivar en predios bajo custodia militar sin acceso al público y a la prensa.

Las autoridades de la coalición gobernante Frente Amplio (izquierda) ya han advertido repetidas veces que se actuará para impedir el llamado "turismo cannábico", con venta de marihuana a viajeros extranjeros.

Uruguay es el primer país del mundo que establece una ley de regulación del mercado del cannabis que supone el control de su producción y venta bajo la órbita del Estado.

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