La Fiscalía mexicana presentó este sábado 82 pruebas, principalmente documentos bancarios, escrituras y testimonios, que muestran evidencia suficiente para procesar al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Procuraduría General de la República (PGR) acusa al exfuncionario de desviar 1,670 millones de pesos del 2011 al 2016 mediante operaciones bancarias a través de al menos 38 empresas fantasma (algunas en Estados Unidos) que operaban en Veracruz, el estado de Campeche y la Ciudad de México.
Según la fiscalía, con ese dinero y a través de distintos prestanombres, Duarte realizó la compra-venta de terrenos con un sobreprecio, adquirió apartamentos y vehículos de lujo, joyas.
Duarte, detenido en Guatemala el 14 de abril y extraditado a México el lunes 17 de julio, escuchó las acusaciones de los fiscales durante más de cuatro horas vestido con el uniforme de recluso y la cara seria, a veces jugueteando con papeles y otras con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el techo.
La fiscalía explicó que, según las declaraciones de algunos de los excolaboradores de Duarte, el dinero salía sobre todo de las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Agrario de Veracruz, y que el propio Duarte llegó a hacer desaparecer registros contables que lo pudieran incriminar y hasta disponía de un software especial para monitorear los flujos de dinero y los pagos a empresas fantasma.
El juez decidió vincular a proceso al exgobernador, uno de los tres mandatarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que llevó a la presidencia al presidente Enrique Peña Nieto.