Este miércoles se lleva a cabo la audiencia de declaración en anticipo de prueba del caso Chicamán. Como anticipo de prueba, el Ministerio Público (MP) presentó el testimonio de un testigo, quien confirmó que se realizaban posibles acciones de lavado de dinero y que su cuenta bancaria era utilizada para ello.
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Se trata de una exempleada edil de Chicamán, quien aseguró que Fernando José Siliézar, esposo de la exdiputada Emilenne Aquino Mazariegos, ambos sindicados en el caso, depositaba dinero en su cuenta bancaria y luego ella se lo entregaba en efectivo.
Blanca Estela Menéndez Pineda, quien era secretaria de la municipalidad de Chicamán, Quiché, aseguró: "El entonces alcalde Roberto Candelario (en prisión) me pidió usar mi cuenta y accedí”.
“Me depositaban dinero. Era del señor Fernando Siliézar. El dinero se usaba para pago de planillas de personas que no eran de la muni", relató.
Miles de quetzales y cheques en blanco
La extrabajadora aseguró que devengaba un salario de Q1 mil 555.03 e indicó que le depositaban cifras variadas, como ejemplo mencionó que le trasladaron Q8 mil, Q15 mil y Q21 mil.
“Mi cuenta recibía dinero de Fernando Siliézar y luego, por orden del alcalde, emitía la misma cantidad. Algunas veces firmaba cheques en blanco", declaró.
También recordó que el entonces jefe edil, Roberto Candelario Gamarro, le “exigía” el estado de cuenta.
“Me decía que el dinero le correspondía. Sacaba el dinero y se lo entregaba al alcalde en el despacho", mencionó Menéndez.
El caso
Investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), revelaron un hecho de posible fraude en la municipalidad de Chicamán.
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Por este caso fueron detenidas y ligadas a proceso penal 14 personas, entre ellas, la exdiputada Aquino y su esposo, a quienes se les sindica de los delitos de peculado, fraude, asociación ilícita y lavado de dinero.
Las pesquisas indican que en el año 2012 se aprobó un préstamo por Q11 millones para un proyecto de mejoramiento de la red de agua potable en cuatro aldeas del referido municipio.
Sin embargo, el destino de esos fondos y de un segundo préstamo por Q10 millones fue cambiado con autorización del Concejo Municipal.
“El total de los proyectos tenía un valor de Q16 millones 500 mil, de lo cual no se ejecutaron Q2 millones 650 mil”, indicó la Fiscalía.
