El financiamiento electoral ilícito está tipificado como delito por el Código Procesal Penal. El presidente Jimmy Morales Cabrera enfrenta un proceso de antejuicio luego que la Fiscalía y la CICIG plantearan los primeros indicios de haber recibido aportes dudosos durante su campaña de 2015.
¿Qué es el financiamiento electoral ilícito? ¿Cuál es la pena?
El artículo 15 del Código Procesal Penal detalla que “las personas individuales o jurídicas que reciban o autoricen recibir recursos destinados al financiamiento de organizaciones políticas o sus candidatos a sabiendas que los aportes o recursos provienen del crimen organizado, lavado de dinero o cualquier otra actividad calificada como delito también incurren en financiamiento electoral ilícito”.
La pena es prisión de entre cuatro y doce años inconmutables y una multa de doscientos a quinientos mil quetzales.
Se considera también financiamiento electoral ilícito “recibir contribuciones de forma anónima o que no sean registradas en el libro contable de la organización política”.
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Lo que sigue
La Ley en Materia de Antejuicio guía el procedimiento. El Juzgado de Paz recibió el antejuicio en contra del gobernante Morales. El caso pasa a la unidad de Gestión Penal como cualquier otro proceso. Ahí se realiza un sorteo para designar un juzgado.
Debido a que el antejuicio es a una autoridad superior el juez designado deberá inhibirse y trasladar el proceso a Corte Suprema de Justicia en un plazo de tres días. Serán los magistrados quienes decidan si es viable y lo remitirán al Congreso.
Los diputados nombrarán una Comisión persquisidora por sorteo. Serán cinco diputados quienes indagarán el caso y pueden citar al gobernante.
Luego emitirán un informe y lo trasladarán al pleno. Bastarán 105 votos (dos terceras partes) para retirarle la inmunidad al gobernante Morales. Si no se logra la votación el caso quedará archivado.
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