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Bachelet envía al Congreso proyecto de ley de matrimonio igualitario

La iniciativa prevé reformular la definición de matrimonio actual (establecido entre un hombre y una mujer) para establecer que se trata de una "unión entre dos personas", dijo la presidenta Michelle Bachelet al firmar el documento en medio de la algarabía de organizaciones sociales que acompañaron el acto.

"No puede ser que los prejuicios antiguos sean más fuerte que el amor, por eso y tal como lo comprometí, hoy Chile da un paso histórico al firmar el proyecto de ley de matrimonio igualitario", señaló la mandataria.

La presidenta, que entregará el poder en marzo de 2018, recordó que en abril de 2015 Chile dio un "paso enorme" al aprobar el Acuerdo de Unión Civil (celebrado hasta ahora por 13 mil 500 parejas, de ellas 3.082 homosexuales) considerada la antesala a la "igualdad" que se conquistará con el proyecto que despachó este lunes.

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Foto: AFP

Una familia es "más que nombres" e incluye la posibilidad de que el vínculo traspase generaciones, por eso el nuevo proyecto contempla "que un niño podrá ser adoptado indistintamente por un matrimonio heterosexual o homosexual por el solo hecho de ser cónyuges sin necesidad de modificar la ley de adopciones", acotó mandataria sobre una posibilidad que no está contemplada en el AUC.

Asimismo, se elimina la conducta homosexual como causal de divorcio y se quita el requisito de referencia de sexo para validar en Chile un matrimonio consagrado en el exterior.

Con el envío del proyecto al Congreso, de mayoría oficialista, se inicia un largo proceso que se espera concluya durante el próximo gobierno.

"Confío que el Congreso estará a la altura de este debate (…), que sabrá reconocer lo que Chile espera de sus autoridades: la capacidad de extender el alcance de los derechos a todas las personas", concluyó Bachelet, que en las últimas semanas aceleró sus ambiciosas reformas sociales.

La semana pasada, Bachelet celebró que el Tribunal Constitucional (TC) diera luz verde al proyecto de aborto terapéutico, impulsado por la mandataria y aprobado por el Congreso tras dos años y medio de trámite, en uno de los pocos países en los que la interrupción del embarazo estaba prohibida en todas sus formas.

 

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