Este miércoles, en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se realizó un análisis acerca del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales y la comisión pesquisidora elegida ayer en el Congreso de la República por medio de sorteo para conocer el mismo.
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El pasado 25 de agosto, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una solicitud de antejuicio contra el mandatario por financiamiento electoral ilícito, tras hallar supuestas irregularidades relacionadas con la campaña de 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), del cual Morales era secretario general.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a esa solicitud el pasado lunes y remitió el expediente al Organismo Legislativo.
Como invitados en cabina participaron Julio Ixcamey, diputado de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien preside la referida comisión; Omar Barrios, abogado penalista y director del Centro de Estudios de Derecho (CEDE); y Mynor Melgar, exfiscal y exsecretario general del Ministerio Público (MP) y exdirector de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (Dicri) de la Policía Nacional Civil (PNC).
Función de la pesquisidora
Los entrevistados explicaron que la comisión pesquisidora no realiza la función de juez, sino que debe evaluar el expediente del caso y verificar si las pruebas que contiene son claras..
“A la comisión le corresponde establecer la existencia y veracidad de hechos que por su naturaleza puedan ser conocidos por un juez del ramo penal”, aseguró Ixcamey.
Y a criterio de Melgar, los miembros de la comisión deben hacer un ejercicio democrático en el cual valoren el compromiso que tienen como diputados, “pues no fueron electos para representar los intereses de un partido o sector, sino los del pueblo”.
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Mientras que Barrios indicó que la comisión deberá establecer si la denuncia planteada contra el mandatario tiene los elementos necesarios para no considerarse espuria, ilegítima o política.
Asimismo, resaltó que desde el principio no debería haber una inclinación a favor o en contra, sino que la comisión debe hacer un trabajo objetivo.
De igual forma, Barrios se refirió al proceso que se sigue en un antejuicio. Detalló que si la comisión establece que sí hay elementos suficientes, el pleno puede votar con lugar o sin lugar para retirarle la inmunidad a Morales.
Para cualquiera de las dos opciones son necesarios 105 votos, y si esta cantidad no se alcanza, entonces el expediente sería archivado.
Y si la comisión indica que se trata de una denuncia espuria, de todos modos el pleno lo va a conocer y votar. Si de igual forma no se alcanzan 105 votos para dar o no con lugar, el efecto es archivarlo, “pero se puede desarchivar cuando lo considere necesario el Congreso”, expuso.
Al plantear los posibles escenarios que podrían darse en el Congreso, Melgar indicó que si en caso la comisión dictamina que sí procede el antejuicio y el pleno vota de forma contraria, “sería una mancha más a un tigre que ya está bien pintado”.
Por aparte, Barrios y Melgar coincidieron en que si no se avala el retiro de la inmunidad, el MP podría iniciar una nueva investigación y volver a plantear la acción de antejuicio con un nuevo expediente y nuevas pruebas.
También dijeron que inclusive después de que termine su período presidencial, Jimmy Morales podría ser señalado y perseguido penalmente por el tema de financiamiento electoral ilícito.
Sin banderas políticas
“Nadie quiere estar en ese lugar por la coyuntura que vive el país, es una gran responsabilidad”, expresó el diputado Ixcamey al referirse a lo que sintió cuando la tómbola dio como resultado que él sería el presidente de la comisión.
Añadió que después de analizar, consideró que esta sería una gran oportunidad de demostrar qué tipo de persona y profesional y diputado.
“Soy nuevo en política. Afortunadamente soy abogado y notario, y considero que conozco perfectamente qué reglas puedo dirigir hacia los demás miembros de la comisión para poder analizar con objetividad, empelar la sana crítica y experiencia para que el informe sea objetivo y de conformidad con las pruebas que estén en el expediente”, añadió.
Asimismo, aseguró que asumirá la responsabilidad “sin bandera política, sin color, sino basado en lo que se encuentre en el expediente”. Además, dijo que no aceptará ninguna clase de presión, y que si en caso se diera, lo denunciará.
“Esta comisión la quiero hacer con cosas completamente diferentes y transparentes. Todo será público y habrá puertas abiertas para la prensa”, indicó Ixcamey.
Añadió que hoy a las 9:00 horas se le entregaría a la comisión el expediente del caso y también este día se llevará a cabo la primera reunión de la pesquisidora. En esta se fijarán las reglas y se empezará a estudiar la documentación.
De acuerdo con Ixcamey, todas las citaciones de las diferentes partes del proceso de antejuicio o de las instituciones que hayan brindado documentación para sustentar el caso, se estarían llevando a cabo el viernes.
En cuanto a Morales, el parlamentario de la UNE indicó que “está obligado a comparecer ante la comisión, no importa que sea el presidente de la República”.
“Si no debe nada, pues que comparezca”, añadió.
Sobre ello, Barrios y Melgar opinaron lo contrario, pues explicaron que no es obligatorio que el mandatario acuda personalmente a la comisión, sino que puede pronunciarse mediante un informe.
“La estrategia de defensa debe valorar qué es lo que más le conviene (al presidente), si comparecer personalmente o por escrito”, indicó el exsecretario del MP.
Y detalló que la ley no es específica sobre este tema y deja abiertas las puertas a que se presente por escrito, personalmente o simplemente no comparezca.
Fijan plazo a comisión
Ayer se le fijó un plazo de cinco días a la comisión para que entregue el informe correspondiente.
La bancada FCN-Nación fue la que propuso tal plazo y ello fue aprobado con 121 votos.
Con relación a ello, Barrios señaló que el Congreso está incumpliendo el trámite, porque la ley en materia de antejuicio establece que la junta directiva pondrá en conocimiento al pleno el tema del antejuicio, y este en la próxima sesión ordinaria va a conocer el procedimiento que se va a efectuar.
“Pero aquí de una vez lo puso de conocimiento, de una vez iniciaron el procedimiento y de una vez conformaron la comisión pesquisidora”, explicó.
Asimismo, el abogado aclaró que la ley no establece un plazo para que la comisión rinda su informe, tomando en cuenta que se necesita tiempo para conocer las diligencias de antejuicio de los funcionarios; sino que los 60 días que fija son para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Por aparte, Melgar consideró que el plazo fijado, que vence el próximo martes, no es suficiente porque se necesita tiempo para analizar los documentos.
“La comisión debería actuar con todo el tiempo que necesite para hacerlo. Que el plazo no vaya a ser una justificación para emitir una opinión que no esté basada en ley”, expresó el exfiscal.
En tanto, Ixcamey expuso que si bien se presentó una moción y esta se aprobó para darle a la comisión cinco días, eso no los obliga.
“No estamos sujetos a esto desde mi punto de vista. Yo me voy a basar a la ley y me voy a tomar el tiempo que sea necesario para hacer una investigación acorde para poder rendir un informe que sea transparente”, resaltó.
