Tres senadores de Estados Unidos urgieron el miércoles a investigar la corrupción en Guatemala, y recordaron que la asistencia estadounidense a ese país puede reducirse si el gobierno guatemalteco no colabora en la lucha contra la impunidad.
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Los senadores Ben Cardin, Tim Kaine y James Lankford pidieron al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la embajadora ante la ONU, Nikki Hailey, tener en cuenta que la ley estadounidense requiere que el Departamento de Estado retenga el 50% de la ayuda a Guatemala si el gobierno no toma medidas efectivas de "cooperación con comisiones contra la corrupción y la impunidad".
Los diplomáticos enviaron una carta. Parte de ella dice lo siguiente:
Estimado Secretario Tillerson y Embajador Haley:
"Le escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la reciente decisión del presidente guatemalteco, Jimmy Morales, de expulsar del país a Iván Velásquez, Comisionado de la Comisión Internacional de las Naciones Unidas contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Estados Unidos ha colaborado estrechamente con la Administración Morales en Guatemala en una serie de cuestiones relacionadas con los intereses de los Estados Unidos en la región, y la labor de la CICIG y la del Comisionado Velásquez han contribuido al fortalecimiento del estado de derecho en el país. Junto con la Fiscal General de Guatemala Thelma Aldana, el Comisionado Velázquez ha trabajado diligentemente para reducir los niveles de impunidad y fortalecer las instituciones judiciales.
En ese sentido, los legisladores expresaron su "profunda preocupación" por el intento del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar de ese país a Iván Velásquez, el colombiano jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU.
"Es imperativo que la Cicig continúe su trabajo crítico sin interferencias", afirmaron, al enfatizar la necesidad de respaldar los esfuerzos de Velásquez y de la fiscal general Thelma Aldana para que prevalezca el mandato de la ley en Guatemala.
La fiscalía y la Cicig acusan al presidente Morales de financiamiento ilícito en 2015, cuando fue candidato presidencial y secretario general del partido derechista FCN-Nación, que lo llevó al poder.
El trámite jurídico contra Morales fue iniciado el pasado 25 de agosto y dos días después el mandatario declaró non grato al jefe de la Cicig y ordenó su expulsión inmediata al acusarlo de injerencia y de exceder sus funciones.
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La medida provocó un terremoto político hasta que la orden presidencial fue suspendida el pasado 29 de agosto por la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país.
En su misiva a Tillerson y Haley, los senadores alentaron además al gobierno de Morales "a honrar la decisión de la Corte" con relación a Velásquez.
La asistencia de Estados Unidos a Guatemala está sujeta a la Estrategia de Estados Unidos para el Compromiso con América Central, que desde 2015 promueve, entre otros aspectos, "instituciones públicas más responsables, transparentes y eficaces".
