Con un amparo, una vez más, el expresidente Otto Fernando Pérez Molina intentó separar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del proceso judicial en contra de la red de defraudación aduanera denominado La Línea.
Pérez considera que la permanencia de la CICIG en el país es ilegal, debido a que en el acuerdo de cruce de notas publicado el lunes en el diario oficial, en el que se prorroga por dos años el mandato de la CICIG en Guatemala, tenía que ser firmado por todos los ministros del Organismo Ejecutivo, y no solo por el presidente, Jimmy Morales.
Acción inconstitucional
Durante la continuación de la apertura a juicio el pasado martes, el juez Miguel Gálvez rechazó una acción del expresidente que presentó su abogada de Pérez, Ester Guerrero.
Durante la audiencia el representante de la CICIG, el abogado colombiano Luis Orozco evitó pronunciarse.
Se basa en resolución
Los defensores del encarcelado exgobernante indicaron que habían interpuesto un recurso en la Corte de Constitucionalidad para que fuera separada la entidad de la ONU que investiga los casos de corrupción y los aparatos clandestinos en el país desde 2007.
El argumento fue la publicación en el Diario de Centro América que hace oficial la prórroga de la CICIG hasta 2019 que cuenta con la firma Anamaría Diéguez Arévalo, quien era vicecanciller.
Pérez Molina intenta separar a la CICIG basado en que el máximo ente legal rechazó la sorpresiva decisión del mandatario Morales de haber declarado “non grato” al comisionado Iván Velásquez y expulsarlo del país de manera inmediata. En la resolución de los magistrados se explica que hubo una ilegalidad debido a la falta de la firma de un ministro.
Apoyan decisión de Morales
Al ser consultado Pérez sobre la decisión del mandatario Jimmy Morales de declarar "non grato" al colombiano dijo: "el Presidente está en el derecho para realizar dicha declaración".
El caso La Línea, fue uno de los primeros casos de alto impacto que fueron presentados por Iván Velásquez, a cargo de la CICIG.