La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó una medida cautelar para proteger la vida e integridad personal de 450 personas agrupadas en aproximadamente 111 familias de la comunidad Laguna Larga, en San Andrés, Petén.
PUBLICIDAD
En un comunicado se informó que los beneficiarios de las medidas cautelares habrían sido forzados a desplazarse desde su comunidad hacia El Desengaño, en Candelaria, estado de Campeche, México y se encontrarían viviendo a la intemperie en carpas de acampar y “champas” en una zona rural en la franja fronteriza entre Guatemala y México.
Tras valorar la información aportada por el Estado de Guatemala y los solicitantes, así como las constataciones hechas en su visita in loco a Guatemala del 31 de julio al 4 de agosto, la CIDH concluyó que los pobladores desalojados y desplazados de Laguna Larga se encuentran en una situación de gravedad y urgencia ya que están expuestas a factores de riesgo que incluyen la falta de agua potable, energía, y servicios básicos, lo que ha repercutido en condiciones altamente insalubres y carentes de adecuada higiene.
Asimismo, según la información recibida, el área en donde se encuentra la comunidad sería considerada como área endémica y habrían 36 niñas y niños con grados de desnutrición entre moderada, leve o grave, de los cuales entre siete u ocho niñas y niños tenían desnutrición grave, todos menores de cinco años de edad.
Además se obtuvo información de 14 mujeres embarazadas, entre las cuales había entre siete u ocho con embarazos de alto riesgo, así como tres personas mayores con hipertrofia prostática, la cual requería tratamiento médico. Aunado a las condiciones anteriores, la CIDH tuvo conocimiento sobre denuncias de amenazas e intimidación por los efectivos del Ejército guatemalteco que resguardan su antigua comunidad.
PUBLICIDAD
CIDH pide adoptar medidas
En consecuencia a la situación de gravedad y urgencia a la que están expuestas las familias, la CIDH le solicitó al Estado de Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad de las personas beneficiarias, a través de medidas dirigidas a mejorar, las condiciones sanitarias y de salud, en especial de los niños, mujeres y personas mayores.
En particular, la comisión pidió que se adopten medidas que garanticen el acceso a una alimentación adecuada en términos nutricionales y culturales así como del agua potable para la población desplazada, en concordancia con los niveles considerados aceptables por organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Especialmente, se solicitó adoptar medidas de carácter inmediato para la protección de la vida e integridad de niños y niñas que padecen desnutrición, y con la finalidad de prevenir casos futuros. Las medidas deben garantizar el alojamiento en condiciones de seguridad y adecuadas en cuanto a habitabilidad y salubridad, así como ofrecer vestimenta que ofrezca protección del calor, la lluvia, el viento y otras amenazas a la salud", dice una parte del comunicado.
Diálogos y consultas con desalojados
En la medida cautelar se requiere al Estado que adopte las medidas necesarias para continuar con los diálogos y consultas con las personas desalojadas, para alcanzar una solución duradera para la situación de las personas desalojadas y desplazadas, y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes.
Por último, la CIDH le solicitó al Estado que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables", dice el comunicado.
