La jefa del Ministerio Público, Thelma Aldana, y el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, solicitaron un antejuicio contra Arzú para poder investigarlo.
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Del Rincón entrevistó a Sandoval sobre el caso denominado "Caja de Pandora", investigación en la que el MP y la CICIG señalan al edil capitalino de haber realizado supuestos negocios con el militar Byron Lima, asesinado en el interior de la cárcel Pavón el 18 de julio de 2016.
"La Fiscalía tiene que presentar todas las pruebas con respecto a las acusaciones que está haciendo. El MP solo está destruyendo familias. Esto parece un juicio moral y social extrajudicial", respondió Sandoval.
Agregó que "al frente de manifestaciones van representantes del MP. ¿Qué imparcialidad puede ser eso? No es correcto colocarles nombres raros y burlescos a los procesos serios de nuestro país. Hablan de una caja de Pandora".
De igual forma, afirmó que "Álvaro Arzú es uno de los políticos con más trayectoria dentro de Guatemala, ha sido alcalde 5 veces y sigue siendo electo sin hacer campaña con más del 68% de los votos de la población".
Señalamientos
El comisionado Velásquez presentó, como parte de las evidencias, una carta que envió Lima a Arzú, en donde se le denomina "el señor de Oro" en la cual Lima le solicita Q727, 900 como apoyo económico.
Además, indicó que se logró establecer la contratación de servicios por parte de Lima al Partido Unionista, que fueron pagados con fondos de la Municipalidad de Guatemala por medio de fideicomisos.
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Modo de operar
Uno de los principales contratistas de la Cooperativa Torre Fuerte, dirigida por Lima, era la Municipalidad de Guatemala. El negocio funcionaba en el centro carcelario Pavón, en donde el exmilitar guardaba prisión.
Aunque parecían lícitos los negocios, solo se habría tratado de una forma de intentar ocultar el manejo de los fondos que tenían como destino financiar la campaña política.
Velásquez dijo que contratar una entidad de ese tipo no constituye delito; sin embargo, aclaró que “lo que sí constituye (un ilícito) es la alteración de facturas para encubrir los gastos de campaña del partido Unionista y de algunos partidos que en alianza con este participaron en elecciones de 2015”.
Una de las líneas de trabajo de la cooperativa era la confección de uniformes, playeras e impresión de pelotas, entre otros artículos, con los logotipos de las organizaciones políticas.
Byron Lima y su pareja, Alejandra Reyes, "vendieron artículos promocionales para varios candidatos y partidos políticos para la campaña de 2015, y eso se pudo corroborar con interceptaciones telefónicas", explicó Velásquez.
