El décimo informe de labores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentado ayer por el comisionado Iván Velásquez; y el proceso de elección para el próximo fiscal general, fueron los temas analizados hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
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Asimismo, se dialogó acerca del video publicado ayer en redes sociales por el alcalde capitalino Álvaro Arzú en donde denuncia que existe “terrorismo judicial”.
Como invitados en cabina participaron Hugo Maúl Figueroa, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); e Ilse Álvarez, ex viceministra de Gobernación y criminóloga.
Elección de fiscal general
La persona que sucederá a Thelma Aldana en el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) deberá asumir en mayo de 2018, mientras que el proceso de selección se iniciará en el mes de febrero.
El fiscal es designado por el Presidente de la República tomando en cuenta un listado de seis personas que le deberá entregar la comisión de postulación encargada del proceso.
La ex viceministra explicó que esa comisión está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la junta directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), el presidente del Tribuna de Honor del CANG, y los decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del país.
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Los entrevistados coincidieron en que la parte que puede definir la “orientación correcta” de quién va a ser el próximo fiscal son los decanos. Y destacaron el riesgo de que la labor del comisionado Velásquez pueda verse “frustrada” si resulta electo como fiscal alguien que no colabore con la CICIG.
“En los decanos está finalmente la gran responsabilidad de la selección y eso da cierta tranquilidad”, detalló Maúl.
Asimismo, consideró que los anteriores procesos de elección de fiscal general no han estado exentos de señalamientos, y opinó que el que está por realizarse tampoco lo estará.
Añadió que en el proceso no siempre participan los que están más capacitados y que tienen afán de servir al país, y que “muchas veces hemos visto tráfico de influencias y eso desanima a muchos a participar”.
El comisionado aseguró que en la próxima elección a fiscal es importante la auditoría social efectiva y consideró que la comisión de postulación estará tan vigilada y controlada “como nunca antes”.
Por aparte, Álvarez detalló que durante la gestión de la fiscal Thelma Aldana, la impunidad se ha reducido de 99%, o casi 100%, a 97%, lo que significa que tres casos de cada cien se pueden judicializar.
Labor del Congreso
Tomando en cuenta la coyuntura, la ex viceministra consideró que de los tres Organismos del Estado "el que tiene mayor poderío es el Congreso".
“El Congreso es el parteaguas, porque si el Congreso me abre la ley, me da mayores funciones y presupuesto, yo puedo trabajar, pero si es al revés se complica el funcionamiento”, expresó la exfuncionaria.
Álvarez y Maúl señalaron la necesidad de mejorar las capacidades del sistema de justicia, para lo cual consideraron hace falta la voluntad de parte del Congreso que permita que este cuente con los fondos y normas “claras y sencillas” que le permitan fortalecerse.
Asimismo, mencionaron que los retrasos que existen en los casos de corrupción que se ventilan en los Tribunales se deben a dos aspectos: uno, el uso excesivo de amparos, incluso como recursos de retardo malicioso; y el otro, porque el sistema de justicia no estaba preparado para procesos de esa magnitud, con 50 sindicados a la vez.
“El Congreso debió haber proyectado darle más dinero a la Corte Suprema de Justicia para que pudiera atender esto”, resaltó la criminóloga.
Informe de CICIG
El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, anunció ayer que en los próximos meses presentará un informe que incluya las políticas públicas y reformas jurídicas e institucionales necesarias para erradicar los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS) y prevenir su reaparición.
Maúl opinó que entrar a crear políticas públicas de prevención de la corrupción es la fase importante en el trabajo que se está haciendo.
Según su opinión, “hay deficiencia dentro de la institucionalidad del país en su funcionamiento y deficiencias legislativas que aprovechan los grupos paralelos”.
Además, el exmagistrado dijo que del listado de leyes e instituciones que el comisionado mencionó ayer que deben revisarse, la única que ve viable que pueda ser modificada por el Congreso a corto plazo, e incluso aplicada antes del próximo proceso de elecciones, es la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
De igual forma, destacó que debería trabajarse en el tema del financiamiento de las organizaciones políticas, porque es a través de este que se coopta el Estado por parte de estructuras.
Al ser consultados acerca de cuánto tiempo más consideran necesaria la presencia de la CICIG en el país, Álvarez respondió que “la ciudadanía va a dar la medición”; mientras que Maúl detalló que debería permanecer hasta que exista el “mensaje necesario de que no hay crimen que no tenga su castigo”.
Ayer quedó vacío el espacio asignado en la mesa principal para el presidente Jimmy Morales en el acto de presentación del informe. Sobre esto, Álvarez consideró que se muestra que existe una división entre el Ejecutivo, el MP y la CICIG.
Añadió que si bien hay actividades de agenda que podrían haber evitado su presencia; sin embargo, consideró que habría sido importante verlo porque él representa la unidad nacional.
Mientras que Maúl consideró que la ausencia del mandatario envía un mensaje de que sintió incomodidad de ir a un evento organizado por el comisionado.
Por aparte, el exmagistrado opinó que resolver la crisis existente entre el mandatario, el MP y la CICIG, “es una tarea que necesita que los tres Organismos del Estado participen, si uno no colabora se hace cuesta arriba”.
Discurso de Arzú
En el video publicado por el alcalde capitalino Álvaro Arzú, en el que arremete contra la CICIG y el MP y destaca que se está dando un “terrorismo judicial” de parte de estas entidades y que se está politizando la justicia, la criminóloga opinó que no es así.
Explicó que del siglo XX al siglo XXI ha habido una modalidad en la que las estructuras criminales han tomado el Estado porque notaron que eso facilitaba mecanismos legales, estructuras y puestos para facilitar actividades ilícitas.
“No se está politizando la justicia, sino que la justicia está atacando a personas que están ahora en puestos públicos”, resaltó, y dijo que eso no quiere decir que esté habiendo golpe de Estado técnico ni que se quiera tomar “por asalto” el Gobierno.
Y, Hugo Maúl se refirió a lo mencionado por Arzú con relación a que con las acciones de la CICIG no se respeta la presunción de inocencia. “Aquí no se ha visto que se haya afectado la presunción de nadie que esté siendo procesado”, detalló.
Agregó que a su criterio se ha procurado respeto de todas las incidencias de los procesos, por lo cual no considera que se esté ignorando esa presunción.
“Incluso con las conferencias de prensa no veo nada que pueda atentar contra los principios constitucionales”, expuso.
