Comisión de EE. UU. vendrá a fin de mes por la certificación

A finales de octubre una misión de alto nivel de Estados Unidos visitará el país para verificar los avances en las 16 condiciones que el Congreso de ese país le fijó al 50% de los fondos destinados para el triángulo norte de Centroamérica en su presupuesto anual.

Acisclo Valladares, comisionado presidencial para la Competitividad, confirmó que la llegada de los funcionarios estadounidenses es parte de un proceso que se realiza cada año.

“El objetivo es conocer los avances en las 16 condiciones que se establecen para obtener el desembolso de los fondos para los programas de la Alianza para la Prosperidad”, afirmó.

Es decir, si el país es certificado, podrá acceder a dichos recursos.

Añadió que durante los próximos días se tendrá más información de quienes integrarán la comitiva y con qué funcionarios guatemaltecos se reunirán.

¿Habrá certificación?

La crisis política que se vive en el país a raíz de que el presidente Jimmy Morales declarara persona “non grata” al comisionado Iván Velásquez y tratara de expulsarlo del país ha puesto en duda esa certificación, de acuerdo con varios congresistas estadounidenses.

“La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2017 requiere que el Departamento de Estado retenga el 50% de la asistencia de Estados Unidos a Guatemala si el gobierno no está tomando medidas efectivas para abordar una serie de asuntos. En particular, la cooperación con comisiones contra la corrupción y la impunidad”, afirmaron Ben Cardin, James Lankford y Tim Kaine (excandidato a la vicepresidencia de ese país).

Norma Torres, de origen guatemalteco, también advirtió: “El presidente Morales ha actuado, y ahora el Congreso y el Departamento de Estado deben examinar la futura asistencia para Guatemala”.

“Dios mediante obtendremos esa certificación”. Jimmy Morales, presidente de Guatemala, hace unas semanas durante una actividad en Chiquimula.

Algunas de las condiciones

2. Combatir la corrupción e investigar y enjuiciar a funcionarios corruptos. Aplicar reformas políticas y programas para mejorar la transparencia, fortalecer las instituciones públicas, incluyendo el aumento de la capacidad y la independencia del poder judicial y de la Fiscalía.