Legisladores de cuatro bloques del Congreso analizan integrar el Frente Parlamentario contra la Corrupción, que impulsaría propuestas de ley afines a las demandas expresadas por la ciudadanía en las manifestaciones realizadas en la Plaza de la Constitución y las plazas centrales departamentales.
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Se trata de 12 diputados, de los cuales seis pertenecen a la bancada Encuentro por Guatemala; tres son parte de Convergencia; dos de Todos y uno de Fuerza.
¿De dónde surge la idea?
En declaraciones a Emisoras Unidas, el parlamentario Raúl Romero, del partido Fuerza, explicó que desde el pasado 19 de septiembre se inició a considerar esa idea, tomando en cuenta los "últimos acontecimientos políticos" que se dieron en el Congreso y las movilizaciones en las afueras de este.
Lo que se pretende es “crear un frente de lucha contra la corrupción, siempre respetando la independencia de cada bloque legislativo, añadió Romero.
Asimismo, detalló que se trabajaría en la creación de una agenda de carácter nacional enfocada en los intereses de los guatemaltecos.
Hechos recientes en el Congreso
El pasado 13 de septiembre, el Congreso aprobó con 107 votos una serie de reformas al Código Penal, relacionadas con el financiamiento electoral, por medio de las cuales se eximía de responsabilidades a los secretarios de los partidos políticos. Además, se aprobó la conmutación de penas de prisión.
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Tales decisiones fueron fuertemente criticadas por la población, la cual denominó el actuar de los legisladores como “pacto de corruptos”.
Los ciudadanos salieron a las calles para manifestarse en contra de las reformas y exigir la renuncia de los parlamentarios que las respaldaron.
Finalmente, el 15 de septiembre, el Congreso llevó a cabo una sesión en la cual se aprobó archivar los decretos en los cuales se aprobaban las reformas para que estas no nacieran a la vida.
Peticiones ciudadanas
Las principales peticiones de “la Plaza” se han enfocado en que se le retire la inmunidad al presidente Jimmy Morales y sea investigado por posible financiamiento electoral ilícito y por haber cobrado un bono de Q50 mil al mes que le pagaba el Ejército; la dimisión de los 107 diputados y que se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
