El Congreso tiene en sus manos la abolición de la pena de muerte, tras un histórico fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC) que derogó su uso en los cinco delitos en los cuales aún era aplicable.
A los diputados les correspondería aprobar un decreto para abolir ese castigo, que se ejecuta por medio de una inyección letal, dijo Marlon García, uno de los ponentes de una acción de inconstitucionalidad contra la pena capital.
El fallo
La CC, máxima instancia judicial del país, aceptó ayer el recurso de dos abogados y derogó la pena de muerte para cinco delitos del Código Penal: parricidio, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada y magnicidio.
La Corte argumentó que la imposición de la pena de muerte viola principios consagrados en la Constitución y convenios internacionales, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, aseguró que con el fallo judicial, Guatemala se suma a "los países que ya no regulan la pena de muerte y no podrá ser aplicable en un futuro. Prácticamente lo sucedido es una abolición judicial de la pena capital".
PDH aplaude resolución
Asimismo, añadió que existen convenios internacionales que protegen el derecho fundamental de la vida.
Una castigo sin aplicar
El investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Javier Monterroso, aclaró que el fallo no elimina la pena capital, sino que dejó "sin efecto los supuestos para imponer esa pena", toda vez que es el Congreso el que tiene en sus manos su abolición.
El fallo de la CC es rechazado por sectores conservadores del país, quienes consideran que la pena capital es un disuasivo para la violencia criminal.
Yax, junto a otros parlamentarios, presentó un proyecto para reactivar la pena de muerte el año pasado, pero fue rechazado por el pleno del Congreso.
En marzo de 2016, la CC derogó la pena de muerte por el delito de asesinato, pero la mantuvo para esos cinco delitos que derogó el jueves.
La aplicación de la pena de muerte en Guatemala está suspendida desde el año 2000 por un vacío legal surgido cuando el entonces presidente Alfonso Portillo (2000-2004) pidió al Congreso derogar la potestad que tenía el presidente de otorgar un indulto a los condenados a muerte.
Sin embargo, el legislativo no determinó a quién le corresponde el último recurso al que tienen derecho los sentenciados.
Con la decisión de la CC, la pena máxima vigente es de 50 años de prisión.
El último reo en ser ejecutado por inyección letal fue Manuel Martínez, el 10 de febrero de 1998, condenado por el asesinato de una familia.