Este lunes es el primer día laborable desde la declaración unilateral de independencia hecha el viernes por el Parlamento de Cataluña, y desde que el gobierno central de Mariano Rajoy tomara medidas para controlar la región; dos acciones sin precedentes en la España moderna.
En un ambiente de incertidumbre, todas las miradas buscaban a Carles Puigdemont para saber si se resistiría a abandonar su cargo.
Desde temprano, decenas de periodistas aguardaban la llegada del líder catalán a la sede del gobierno regional en la plaza Sant Jaume, de Barcelona. Pero no apareció, como tampoco lo haría después en una reunión de la dirección de su partido.
¿Dónde está Puigdemont?, era la pregunta en boca de todos. "Está en Bruselas", afirmó una fuente gubernamental española. El diario catalán La Vanguardia señaló que iba acompañado por otros miembros de su gobierno cesados.
El domingo, un ministro belga, separatista flamenco, había insinuado que su país podría ofrecer asilo al gobierno independentista catalán, aunque el primer ministro Charles Michel lo desmintió después.
La noticia de su viaje a Bruselas saltaba minutos después de que el fiscal general del Estado anunciara una querella contra Puigdemont y sus compañeros por varios delitos, entre ellos "rebelión" y "sedición", penados con hasta 30 y 15 años de cárcel.
Se les acusa de provocar "una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución", dijo el fiscal general José Manuel Maza, que ya presentó una querella por desobediencia tras el referéndum inconstitucional del 1 de octubre.
La región se dirige ahora a una nueva contienda electoral para calibrar fuerzas entre los partidarios y los contrarios a la secesión, que se reparten casi a partes iguales entre los catalanes.
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