Según el informe, tres mil 175 abogados han presentado amparos que se convierten en demoras indebidas en la Corte de Constitucionalidad (CC) para evitar que los procesos avancen en tribunales no han pagado la multa, lo cual ese monto asciende a Q9 millones.
Elise Keppler, de la organización, enfatizó que dicha sanción es modesta, ya que por amparo rechazado los abogados deben pagar hasta Q1 mil en la máxima corte, pero para algunos abogados no representa un gasto por los clientes que defienden.
La directiva de la agrupación resaltó que la Junta de Disciplina Judicial de la Corte Suprema de Justicia recibió el año pasado 111 denuncias contra jueces por demoras en los casos.
También en el estudio se critica que los jueces admitan amparos cuando no cumplen con los criterios básicos aunque no se han resuelto otros recursos. Keppler agregó que la fiscalía encargada de revisar los amparos identificó que la mayoría son infundados o admisibles, como lo resaltó el presidente de la CC.
Además otros factores que atrasen los procesos es que los jueces no cumplen con los plazos para resolver los amparos, pues la ley establece que deben ser resueltos en un mes y en la realidad tardan hasta 12 meses.
La organización analizó el proceso en ocho casos, entre ellos La Línea, Bufete de la Impunidad, Plazas fantasma, militares corruptos y Blanco Lapola. También el caso de genocidio, Myrna Mack y Dos Erres, donde no participó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El titular de la CICIG, Iván Velásquez, puso como ejempló los antejuicios entre ellos el del militar retirado y diputado prófugo Edgar Ovalle que fue presentado en enero de 2016 y se resolvió 14 meses después.