La iniciativa forma parte del paquete de medidas implementadas por Michelle Bachelet para reformar el sistema educativo legado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que al final de su régimen dictó una ley que dejó en manos de los municipios la administración de las escuelas públicas.
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Esa dependencia provocó una gran desigualdad en los recursos asignados a cada colegio, condicionados por los ingresos de los municipios.
"Estamos dejando atrás un sistema educacional que recargaba a los municipios de Chile con funciones que son propias de la sociedad en su conjunto", dijo la mandataria en la ceremonia de promulgación en el palacio de La Moneda.
En su reemplazo, se creará una nueva institucionalidad para la educación pública, dedicada cien por ciento a gestionar la administración de más de 5 mil 200 liceos, escuelas y jardines hoy municipales, a través de 70 Servicios Locales de Educación (SLE).
La ley se suma a la gratuidad universitaria instaurada por Bachelet y que hoy beneficia a unos 260 mil estudiantes, junto a una normativa que eliminó la selección y el copago de los padres en escuelas que reciben aportes del Estado.
La reforma educativa fue la gran promesa de campaña de Bachelet tras las gigantescas protestas estudiantiles que antecedieron a su gobierno, en reclamo de educación pública, gratuita y de calidad en uno de los países con uno de los sistemas educativos más caros y desiguales del planeta.
