Sin embargo, resaltó que el resto de la población viven marginados y discriminados a causa de la corrupción, principalmente mujeres, pueblos indígenas, migrantes y personas con discapacidad.
El representante de la ONU comentó que las estadísticas reflejan la dura realidad, alrededor del 60% de la población vive en pobreza absoluta, el 23% en pobreza extrema. El 46.5% de los niños menores de cinco años padece de desnutrición crónica, que no solo afecta su salid física sino también sus oportunidades de vida, más del 20% de la población es analfabeta, lo cual aumenta entre mujeres indígenas.
También el Alto Comisionado enfatizó que el Estado solo destina 3.1% del Producto Interno Bruto para salud, cuando las enfermedades crónicas van en aumento, incluidas las infecciones por el VIH.
Vigilantes en elección de fiscal general
El defensor de los derechos humanos enfatizó que el país se encuentra estacando desde hace cinco años en una encrucijada por reformas para crear un Estado democrático moderno o tomar el camino equivocado, que implicaría el riesgo de retroceder y de que la transformación iniciada por la sociedad quede paralizada.
Al Hussein indicó que por dicha razón la elección del fiscal general en mayo del próximo año es importante, ya que la actual jefa del Ministerio Público ha llevado adelante casos de alto impacto relacionados con abusos y violaciones cometidas durante la guerra interna.
A la vez, exhortó al Estado a garantizar los derechos humanos de los pueblos indígenas y sean consultados en decisiones que les afecte, por lo que mostró su preocupación por una iniciativa de ley sobre consulta de los pueblos indígenas que no está acorde con las normas internacionales de los derechos humanos y no cuenta con el respaldo de esas comunidades.
Por último, criticó los desalojos a pobladores indígenas, porque son repeticiones de desplazamiento que sufrieron durante el conflicto armado, por lo que hizo un llamado al sector empresarial a tomar las medidas necesarias para garantizar que las actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales no afecten los derechos humanos y ambientales de las comunidades.