Después de tres horas de audiencia, el Juzgado de Mayor Riesgo A rechazó el pedido para modificar los delitos a un grupo de personas que supuestamente cobraron salarios sin ir a trabajar al Congreso de la República.
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Los ocho sindicados se encuentran ligados a proceso penal por un caso de plazas “Fantasma” en el Organismo Legislativo, y hoy solicitaron a la jueza Claudette Domínguez que se les reformara el delito de peculado por sustracción.
Argumentos
Durante la diligencia, la jueza escuchó el testimonio de un ingeniero agrónomo que fue contratado por el diputado Julio López en 2014 y se le renovó en 2015 la contratación. Él es señalado de cobrar su salario sin ir a trabajar al Congreso.
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Asimismo, un asistente, que fue “el comunicador” del exdiputado Julio César López Villatoro, en Huehuetenango, declaró ante Domínguez.
“Asistía a pedir diversas entrevistas para el diputado”, refirió.
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También una mujer habló del mismo legislador: “me daba instrucciones de forma verbal”, declaró. Ella habría recibido sueldos de parte del Legislativo en 2014 y 2015 sin ejercer las funciones.
Y una psicóloga, quien expresó que fue “la secretaria” del exparlamentario López, detalló: “hacía gestiones para llevar medicamentos y atendía a pacientes por mi profesión”.
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Sindicados
Quienes pidieron la reforma del delito, aunque no se les concedió, son:
- César Leonel Pérez Orellana.
- Giovany Francisco Sosa Mendoza.
- Ana María Vásquez.
- Lourdes Patricia Afre Arreaga.
- Jorge Arturo Javier de Paz García.
- Sergio Danilo Quiroa.
- Henry Ramón Valdéz Guzmán.
- Oscar Vinicio Villar Franco.
