Anabella Morfin, procuradora general, informó que no especificó un monto porque la PGN no es experta en determinar el daño, por lo que se le pidió a la Corte que hiciera la condena en costas que deviene de la misma nulidad y es la consecuencia lógica de la anulación absoluta, por lo que se solicitó que el monto fuera definiera por expertos cuando la sentencia quede en firme.
Sin embargo, durante el acuerdo de negociación entre Guatemala y APM Terminals, nueva propietaria de TCQ, aceptó pagar US$32.7 millones al Estado como reparación civil. A lo que Morfin indicó que dicho monto fue una estimación de los sobornos que pagó Terminal de Contenedores de Barcelona al expresidente Otto Pérez y la exvicemandataria Roxana Baldetti.
Morfin agregó que existe el riesgo de que APM Terminals presente una demanda internacional en caso de quedar firme la nulidad.
En la propuesta que planteó la PGN con acuerdo a la nueva propietaria a finales de 2016 era una concesión directa aprobada por el Congreso por 21 años y que al finalizar dicho plazo las máquinas pasaran a favor del Estado.