La titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Anabella Morfín, se refirió este miércoles en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, a la situación de la Portuaria Quetzal y a la posible demanda que podría existir contra el Estado de Guatemala en relación con este tema.
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La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declaró nulo el contrato de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) con la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ); sin embargo, la sentencia aún no está en firme, lo cual ha permitido que por ahora las operaciones continúen en la terminal.
Sin embargo, al momento de que la sentencia quede en firme, APM Terminals, nueva propietaria de TCQ, podría plantear una demanda contra el Estado de Guatemala, ya que se vería afectada, pues no podría continuar operando.
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“Está operando porque no está en firme la sentencia, pero al quedar en firme tendría que suspender operaciones”, manifestó, y resaltó que esto traería afectaciones económicas para el país.
Ese sería entonces, el “peor escenario”, ya que podría significar el posible pago de 180 millones de dólares de parte de Guatemala a esa entidad, tomando en cuenta la inversión que esa compañía ha hecho en la portuaria.
A criterio de Morfin, este es un caso complejo porque se celebró un contrato de usufructo oneroso por el interventor que había sido designado en la Empresa Portuaria Quetzal, y se incurrió en una figura que no es la que corresponde de conformidad por la ley.
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“Si es para prestación de servicios públicos, de acuerdo con la Ley de Contrataciones corresponde celebrar un evento de licitación y otorgar una concesión. Ese procedimiento no se observó”, dijo la procuradora.
Posible solución
En tanto, Morfín se refirió a cuál sería la vía para atender esta situación. “Lo que debe ocurrir es que haya una concesión directa aprobada por el Congreso, sería la única forma en que se puede resolver”.
La funcionaria aseguró que ese era el procedimiento que se debía adoptar desde el principio, en lugar del contrato oneroso; sin embargo, expresó que el Legislativo no asumió esa acción.
“Lamentablemente hicimos todo el proceso, el año pasado se presentó por el presidente la iniciativa al Congreso y en el Congreso se detuvo”, aseguró.
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Sin fijar reparación
Por aparte, Morfín se refirió a la no inclusión de un monto de reparación para el Estado guatemalteco en la solicitud de nulidad del contrato.
Explicó que durante su administración se hizo la ampliación de la demanda para que, además de la nulidad, se declare la obligación de la entidad de pagar daños o perjuicios al Estado.
De acuerdo con la funcionaria, el monto de esa reparación económica debe ser determinado por especialistas. “No es que PGN no tenga capacidad, sino que es un tema portuario y especializado, daño debe fijarse por expertos”, aclaró.
Sin embargo, expuso que en este caso el tribunal se abstuvo de conocer sobre esa materia bajo el argumento de que no es competente.
Por ello, la PGN planteó una declaración para que la Sala rectifique y entienda que la argumentación que dio para declararse incompetente no tiene validez y haga la declaratoria correspondiente.
“PGN tiene la responsabilidad de defender los intereses del Estado y eso continuaremos haciendo”, dijo al referirse que podrían recurrir a una casación o algún amparo para resolver el tema.
