“Nación”
En marzo de 2006, el Parlamento español adopta un nuevo estatuto que refuerza la autonomía de Cataluña. El preámbulo la define como una “nación” dentro del Estado español.
En julio, el derechista Partido Popular (por entonces en la oposición y ya dirigido por Mariano Rajoy), presenta un recurso contra el nuevo Estatuto de Autonomía ante el Tribunal Constitucional. Rajoy fustiga el texto como una amenaza a la unidad de España.
En junio de 2010, el Tribunal Constitucional anula una parte del texto. Concluye que la referencia a Cataluña como “nación” no tiene “ningún valor jurídico” y que “la Constitución no conoce otra que la Nación española”. Muchos catalanes lo reciben como un agravio y al mes siguiente cientos de miles se manifiestan.
Auge independentista
El 11 septiembre de 2012, más de un millón de personas se manifiestan en Barcelona con motivo de la Diada, la fiesta de Cataluña, bajo el eslógan: “Cataluña, próximo Estado de Europa”.
El 20 de septiembre, Rajoy (jefe de gobierno desde 2011) se niega a negociar con el entonces presidente regional, Artur Mas, una mayor autonomía fiscal para Cataluña. Mas, un nacionalista conservador que poco a poco se hace independentista, gana las elecciones regionales en noviembre prometiendo celebrar un referéndum de autodeterminación.
El 9 de noviembre de 2014, Cataluña organiza una consulta simbólica, declarada anticonstitucional por la justicia española. La tasa de participación es de alrededor del 35 %. El 80 % de los votantes se pronuncian a favor de la secesión.
Mayoría parlamentaria
El 27 de septiembre de 2015, los partidos independentistas obtienen la mayoría de los escaños del Parlamento regional, que adopta el 9 de noviembre una resolución por la que declara el lanzamiento del proceso hacia la proclamación de un Estado catalán independiente en forma de república. Será luego anulada por el Tribunal Constitucional.
El 10 de enero de 2016, Carles Puigdemont, separatista de larga data, es designado presidente de Cataluña.
Referéndum de autodeterminación
En junio de 2017, Puigdemont anuncia la celebración de un referéndum de autodeterminación para el 1 de octubre con la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?”.
En septiembre, en las semanas previas al referéndum, la justicia española suspende la ley que organiza la consulta, detiene a altos responsables del gobierno catalán y ordena la incautación de gran cantidad de material electoral.
Pese a todo esto, el gobierno regional sigue adelante y lo celebra. Las fuerzas del orden intervienen para incautar las urnas en al menos un centenar de colegios electorales y las imágenes de la violencia policial dan la vuelta al mundo.
El ejecutivo catalán anuncia que el “sí” se impuso con 90 % de los votos y una participación del 42.3 %, en esta consulta que no contó con la supervisión de ninguna autoridad judicial independiente.
Tras tensas semanas marcadas por multitudinarias manifestaciones, el 27 de octubre el Parlamento regional declara unilateralmente la independencia de Cataluña. Horas más tarde, el gobierno central anuncia la toma de control de la región, cesa al ejecutivo catalán y convoca elecciones para el 21 de diciembre.
Exilio autoimpuesto o prisión preventiva
El 30 de octubre, minutos después de que la fiscalía española anunciara querellas contra Puigdemont y su gobierno por rebelión, sedición y malversación de fondos, saltó la noticia de que el presidente catalán cesado se encontraba en Bruselas junto a cuatro de sus exministros.
El vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, y otros tres líderes independentistas siguen en prisión preventiva.
Los partidos independentistas y los unionistas cerraron la atípica campaña el 19 de diciembre. Puigdemont, que se dirigió a sus seguidores por video desde Bélgica, es candidato a presidir el gobierno catalán, al igual que Junqueras.