La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público presentó este viernes la acusación formal contra exdiputados al Congreso y otros particulares, por el caso de plazas fantasmas en ese organismo, durante los periodos 2014 – 2015.
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La acusación consta de 400 medios documentales, entre informes financieros que buscan enviar a juicio a los 34 sindicados de los delitos de peculado por sustracción.
La investigación desarrollada por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala establece que los integrantes de la Junta Directiva del Congreso de la República, entre ellos el diputado Arístides Crespo y el expresidente de ese organismo Luis Rabbé, realizaron un gran número de contrataciones que al menor escrutinio presentan una serie de irregularidades evidentes e ilegales.
El caso
Esta forma de contratación irregular de personal para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada a pesar de su evidente ilegalidad, no solo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no asistencia a trabajar de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio.
La investigación evidencia que los miembros de la Junta Directiva se unieron para distribuirse un alto número de plazas para contratar personal con presupuesto del Congreso.
Los señalados
Los sindicados son: Selvin Boanerges García Velásquez, César Emilio Fajardo Morales. Manuel Marcelino García Chutá, Carlos Enrique López Girón, Juan David Alfredo Alcázar Solís, quienes fungieron como diputados.
Los parlamentarios prófugos; Amilcar Aleksander Castillo Roca, Pedro Gálvez Hernández y Julio César López Villatoro.
La acusación incluye a los sindicados que cobraron salarios de Q5 mil a Q20 mil mensuales, sin presentarse a trabajar, para un total de 34 procesados.
