Abierta el pasado 5 de enero, la investigación, que también concierne hechos de "engaño", llega tras la denuncia de la asociación francesa Halte à l'obsolescence programmée (HOP, 'Alto a la obsolescencia programada'), presentada el 27 de diciembre, en la que se acusa a Apple de disminuir expresamente el rendimiento y la duración de ciertos modelos de iPhone mediante su sistema de actualización.
En su denuncia, HOP estima que Apple reduce adrede el rendimiento y la duración de los smartphones, con el fin de acelerar su reemplazo.
"Apple estableció una estrategia global de obsolescencia programada con el objetivo de aumentar sus ventas", afirmó la asociación.
HOP considera que Apple puede ser demandada por los teléfonos que vendió en Francia desde la promulgación de la ley de transición energética, el 17 de agosto de 2015, que introdujo el delito de "obsolescencia programada" en el Derecho francés.
El grupo estadounidense, que cada año saca a la venta un nuevo modelo de iPhone, reveló el 21 de diciembre que ralentizaba voluntariamente el rendimiento de los teléfonos para "prolongar su duración".
La decisión se tomó, según la compañía, debido al uso de baterías de ion de litio, a las que cada vez les cuesta más responder a las numerosas demandas del usuario del dispositivo a medida que va siendo utilizado.
Apple confirmó así, por primera vez, los rumores sobre la probable ralentización voluntaria de los iPhone, que aparecen desde hace años en la prensa especializada.
En Estados Unidos, se lanzó a mediados de diciembre una acción colectiva contra la marca por las mismas razones.
En Francia, el fabricante de impresoras Epson también es objeto de una investigación judicial por "obsolescencia programada", abierta también tras una denuncia de la asociación HOP.