El Sistema Penitenciario (SP) no paga la manutención de los niños, ni costea su comida, ni sus medicamentos, ni mantiene un espacio adecuado que evite que se enfermen tan seguido. Las familias que llegan de visita y dos oenegés son las que consiguen alimentos, pañales, medicinas y juguetes. Pero hay una diferencia: los 46 niños en Santa Teresa tienen una guardería; los 51 niños en el COF, no.
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El olor a humedad golpea la nariz. Huele a encierro en la bodega que funciona como el sector materno de la cárcel de mujeres de Santa Teresa. En estos 300 metros cuadrados, 137 mamás y niños pasan encerrados 11 horas al día.
Al lado del basurero, al final del Centro de Orientación Femenina (COF), en el municipio de Fraijanes, están las dos oscuras y frías habitaciones sin ventanas donde viven temporalmente un centenar de personas, de los que la mitad son niños. “Temporalmente” significa desde hace dos años.
En 2010, Guatemala firmó un acuerdo internacional que la obliga a ser responsable de mujeres y niños en cárceles. Las Reglas de Bangkok de Naciones Unidas dicen que las mamás y sus bebés deben recibir gratis comida suficiente, en un entorno sano, en el que puedan hacer ejercicio. Los niños requieren atención permanente de salud, bajo supervisión de especialistas. Y sus mamás tienen que recibir artículos de higiene, incluidas toallas sanitarias gratuitas. El gobierno tiene que investigar el número de niños encarcelados y la repercusión que implica que estén en las cárceles para hacer políticas públicas en su favor. “En la medida de lo posible, el entorno previsto para la crianza de esos niños será el mismo que el de los niños que no viven en centros penitenciarios”, queda escrito en unas reglas que no se cumplen.
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Viviendo entre la insalubridad
Desde el patio ahogado en lazos con ropa colgada hay unos 10 pasos hasta la bodega donde viven niños y sus madres en Santa Teresa. Desde ahí se siente el olor. El olor a gente, mucha gente, a encierro, a un poco de desinfectante de piso mezclado con humedad. Dentro de la bodega, hay mujeres con sus bebés sentadas en el piso frente a la televisión a todo volumen, hay que saltarlas para poder entrar a los pequeños pasillos que separan las habitaciones. Es como un laberinto decorado con sábanas estampadas.
El hongo no se ve, pero el olor a humedad recuerda al de un cuarto cerrado por meses sin ninguna ventilación. Algunas ventanas están abiertas a todo lo que dan, que es casi nada, pero no entra aire. La puerta de entrada a la bodega, donde hay mujeres paradas, tampoco permite la ventilación. El sonido de la música infantil a todo volumen, los gritos de los niños que juegan, los de los bebés que lloran. El laberinto sofoca.
El laberinto es verde pálido, pero no siempre fue así. Las paredes descascaradas por la humedad dejan ver que antes fueron amarillas, y antes, blancas. La suciedad no deja diferenciar si las manchas son por el uso o si las provoca el moho.
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“Aquí las noches son heladas, las paredes se ponen frías como una morgue de miedo”, dice Chiqui, la diminuta mujer que ha estado nueve veces presa y ahora es la vocera del área materna. Está sentada, muy encogida porque la cabeza le topa con la litera de arriba. Hoy tiene a su hijo Kerem con su suegra porque, de nuevo, tiene mucha tos. Mientras tiene a su niño fuera, a Chiqui la acompaña Derek, un niño que no es su hijo pero que la persigue a todas partes.
El hongo y las paredes mortecinas son su explicación para los mocos, la tos, las erupciones en la piel, la bronquitis, y cualquier enfermedad respiratoria que los bebés puedan tener. Su explicación y la de otras siete presas entrevistadas que culpan al hongo de las enfermedades de sus hijos.
Las autoridades también llaman al hongo de Santa Teresa con este nombre, un problema porque solo llega una pediatra dos veces a la semana. La especialista fue contratada en 2017. Antes de eso, no había ningún servicio de salud especializado para los menores.
El SP admite, por escrito, no tener medicamentos para menores de edad, porque ellos no son presos. “En algún momento se consideró poner aire acondicionado, pero la pediatra dijo que no era recomendable, están pensando en hacer algún tipo de ventilación en el techo”, dice en su despacho Paola Rivera, subdirectora de rehabilitación del Sistema Penitenciario, sin especificar cuándo podrían hacerlo.
La mayoría de casos en los que interviene la Procuraduría General de la Nación (PGN), institución encargada de supervisar la situación legal y física de los menores, es precisamente por problemas respiratorios.
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Dos años de espera en el COF
En el COF, mujeres y niños duermen en la fría bodega donde se guardaban las semillas de los frijoles que las presas limpiaban, para una empresa, hasta que hace cuatro años el Sistema Penitenciario (SP) suspendió la posibilidad de tener empleo en ese centro. Cada habitación está sobrepoblada de gente y de cosas. Hay camas pegadas a las cuatro paredes y en el medio de los cuartos, que tienen dos bombillas de luz anaranjada colgadas, con cables pelados, del alto techo de lámina. Las camas de los laterales marcan sus límites con sábanas que fingen ser paredes.
La temporalidad de los niños y las mamás en las dos oscuras habitaciones del COF depende de dinero extranjero. En 2015, la Unión Europea (UE) dio US$856 mil para derribar el antiguo edificio materno infantil y construir uno nuevo. Mientras se hacía la obra, el Sistema Penitenciario trasladó a las bodegas, donde ahora viven todas las mamás, a las mujeres de la tercera edad y a los menores. La nueva instalación está en pie desde 2016, pero no tiene mobiliario porque también depende del dinero de la UE.
Hace un año, la dirección del COF cerró la guardería, un espacio ubicado en el edificio principal al que llamaban comunitario, para remozarla. Pero está sin funcionar porque el Sistema Penitenciario (SP) no contrata empleados en el COF porque no son su responsabilidad. Sin embargo, el SP le paga a una madre cuidadora en la otra cárcel, en Santa Teresa. Es una excepción porque fue una solicitud de la oenegé CBN, que puso además a una maestra.
La Sosep, que es la institución responsable según la Ley Penitenciaria de ofrecer educación a los niños, ya no lo hace. Funcionarios de la Sosep dicen que es “una equivocación” que esta aparezca citada en la normativa. El SP y la Sosep señalan a la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de ser la responsable teórica, pero allí dicen que tampoco, que no tienen nada que explicar, pero que con mucho gusto muestran un centro de menores adolescentes. En esto de la educación nadie es responsable.
La Sosep argumenta que su responsabilidad abarca solo a los niños en situación de vulnerabilidad. “Pero en áreas de pobreza”, matiza Silvia Guzmán, coordinadora regional de centros comunitarios de la institución.
¿Qué comen?
El presupuesto del SP para servicios médicos, médicos sanitarios y medicamentos es para uso de los privados de libertad mayores de 18 años. Legalmente, la dirección general del SP no tiene a cargo menores de edad. La misma pediatra que visita Santa Teresa, visita el COF dos días por semana. El departamento de Trabajo Social de la cárcel suele ayudar a las presas para buscar medicinas. Si los menores están muy enfermos, pueden ser trasladados a un hospital para tratamiento médico. Pero la falta de inversión estatal se convierte en un conflicto recurrente. “Medicamentos a veces no hay acá. Si un niño se enferma, uno tiene problemas”, dice Stefanie, una nicaragüense, presa por secuestro y mamá de una niña de casi tres años.
En la cárcel, “Ana Pérez”, que no quiere dar su nombre real, dice que podría comer el “rancho”, que son los platos preparados que da el Sistema Penitenciario (SP), pero ella como muchas mamás cocina su comida. Hay mujeres que no pueden elegir y tienen que comer rancho y compartirlo con sus hijos. Del rancho ninguna mujer dice nada bueno, en el COF dicen que “viene shuco” y en Santa Teresa dicen que “parece vómito”. Lo único que Ana normalmente come del “rancho” son las tortillas de maíz. Lisa, su hija de casi cuatro años, no toca el rancho porque su mamá lo evita. La dirección general del SP dice, por escrito, que únicamente brinda el derecho de alimentación a las privadas de libertad.
“No se está vulnerando (el derecho a la alimentación)”, defiende Sonia Pascual, en su despacho de la PGN, que minimiza la responsabilidad estatal y encauza el asunto al trabajo que realiza el departamento de Trabajo Social de las cárceles de mujeres y a la oenegé Artesanas.
En Santa Teresa las madres sí tienen otra opción para alimentar a sus hijos. The Christian Broadcasting Network (CBN), un canal de televisión evangélico de Estados Unidos, alimenta a los niños de esta lugar por medio de su oenegé en Guatemala. De lunes a viernes reciben el desayuno y la cena, que prepara una madre cada día con los ingredientes que CBN compra.
El proceso para abordar la situación de los niños está en el penúltimo escalón de las prioridades del gobierno. Según explica el viceministro de Gobernación, Axel Romero, el orden es el siguiente: Primero tienen que arreglar las carceletas de la policía, luego retomar el control del SP y después implementar un modelo penitenciario en el que se incluya una nueva academia de la policía, la nueva cárcel de Fraijanes y un modelo de cárceles de máxima seguridad mediante una reclasificación de los presos. Según el titular de esa cartera, Francisco Rivas, esto no se logrará hacer en un período de menos de 10 años.
Mientras tanto, los menores deberán seguir viviendo entre el abandono y el hacinamiento.
* Con información de Elsa Cabria y Ximena Villagrán / Este proyecto fue producido por El intercambio con el financiamiento de Fond Foundation y Seattle International Foundation.
