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Brasil inicia el juicio que puede sellar el destino de Lula da Silva

Un tribunal de apelación empezó a juzgar este miércoles el recurso presentado por el expresidente brasileño contra una condena de casi diez años de cárcel por corrupción.

La sesión se abrió a las 08:30 (hora local) en Porto Alegre, sitiada por las fuerzas de seguridad ante el riesgo de enfrentamientos entre los partidarios de Luiz Inácio Lula da Silva y grupos de derecha, que también llamaron a manifestarse para pedir que el exmandatario vaya a la cárcel.

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Los tres jueces del Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4) deberían emitir su sentencia hacia fines de esta tarde.

En caso de confirmación de la condena, Lula, de 72 años, podría ver amenazada su participación en las elecciones de octubre, en las cuales aparece como favorito en los sondeos.

Lula apela en libertad la sentencia a nueve años y medio de cárcel, dictada en julio por el juez Sergio Moro en el marco de la investigación "Lava Jato" sobre una gigantesca red de desvío de dinero en Petrobras.

El exmandatario esperará la sentencia en Sao Paulo, donde también se prevén actos de simpatizantes y de adversarios del político que ostenta a la vez el mayor apoyo y el mayor índice de rechazo entre los brasileños.

Lula prometió dar batalla hasta el final, en un mitin el martes por la noche en Porto Alegre ante miles de partidarios vestidos con el color rojo del Partido de los Trabajadores (PT) y del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST).

"Solo una cosa me sacará de las calles de este país, y será el día de mi muerte. Hasta ese momento, lucharé por una sociedad más justa. Cualquiera sea el resultado del juicio, seguiré luchando por la dignidad del pueblo".

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Varias calles de la ciudad están empapeladas con propaganda a favor de Lula.

Uno de los carteles llamaba a sus simpatizantes a "no dejar que lo condenen, no dejar que lo capturen", junto a un retrato en primer plano y en blanco y negro del expresidente.

Lula fue condenado por el juez Moro como beneficiario de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá, ofrendado por la constructora OAS a cambio de contratos en la estatal Petrobras.

El expresidente se declara inocente. Su defensa sostiene que no existen pruebas suficientes para condenarlo y denuncia una conspiración para evitar que vuelva al poder.

 

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