La Procuradora General de la Nación, Anabella Morfín, brindó detalles del paso a seguir que el Estado realizará en contra de la empresa brasileña Odebrecht, ya que no se llegó a un acuerdo para la liberación del contrato para la ampliación de la carretera que conduce al Pacífico.
El tramo de la Ruta CA-2, entre Cocales y Tecún Uman, es el que le fue adjudicado a la constructora brasileña mediante el contrato 53 y que hasta la fecha no ha sido concluido, derivado de las investigaciones que resaltaron los pagos de sobornos por parte de Odebrecht con funcionarios guatemaltecos.
Morfín indicó que en mayo del año pasado, Odebrecht manifestó su interés en liquidar el tramo en mención y con ello liberar el contrato para que el gobierno guatemalteco pudiese culminarlo, a través de licitaciones.
Pero este procedimiento "no tuvo un final feliz", aseguró la funcionaria, ya que la compañía nunca cumplió con entregar las fianzas de conservación de obra que eran necesarios para los efectos de liquidación. En el presupuesto del año pasado se ordenaba liquidar el contrato, aseveró.
Buscan nuevo resarcimiento
Se iniciará una acción legal en un Tribunal de lo Contencioso Administrativo para buscar un nuevo resarcimiento, sumado al monto de $17 millones 900 mil que mediante conferencia de prensa dieron a conocer el MP y la Cicig.
Morfín también indicó que la PGN participó como colaborador eficaz con la Fiscalía para lograr el acuerdo de devolución de dicho monto total que la brasileña otorgó a los guatemaltecos sindicados en concepto de coimas.
En cuanto al monto que se exigirá, la funcionaria aseguró que aún no se determina la cantidad. Esta es una acción judicial que se plantea ante el tribunal antes citado y de este y de la actitud procesal que tome Odebrecht dependerá el monto total final. "Se debe resaltar que la empresa desistió de demandar al Estado", aseguró.
El contrato 53
Este responde a una autorización del Congreso al entonces ministro de Comunicaciones. En ese decreto se le autorizó al Ministerio de Finanzas los contratos de los préstamos que financiarían los remozamientos de los tramos carreteros, por lo que se celebró dicho documento como una concesión directa.
Se suscribió con fecha 22 de noviembre de 2013 y en el mismo participaron Jorge Rogelio Gálvez Cruz, en representación del Estado y quien fungía como director de Caminos en ese momento, así como funcionarios de Odebrecht.
En cuanto a la función que tomó Gálvez Cruz, Morfín indicó que actuó como suplantación de calidad o falsa representación, ya que no tenía facultades para hacerlo. Esto ya fue denunciado y el Ministerio Público ya realiza las investigaciones necesarias, aseguró.