Una trama de corrupción por el trámite “express” y “eficiente” en la devolución de crédito fiscal involucra a un juez, un diputado y a un excandidato a la vicepresidencia por la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). La investigación surge el 16 de abril de 2015 cuando fue desarticulada la estructura del caso “La Línea”.
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“Este caso se trata del cobro de las comisiones ilícitas a empresarios por la devolución del crédito fiscal”, se refirió la fiscal general Thelma Aldana, durante la presentación del caso “Traficantes de influencias” junto con el abogado colombiano Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Conferencia de prensa
El empresario azucarero Mario Leal Castillo, quien perdió la contienda electoral al ser el compañero de fórmula presidencial de Sandra Torres por la UNE está prófugo. Su vivienda, en la zona 16, fue uno de los 30 allanamientos que realizó la Fiscalía y la Policía. Fue señalado como el “intermediario” para captar empresas interesadas en recuperar montos fiscales. Habría recibido más de Q3 millones y haber captado empresas para la devolución de dinero del fisco.
El enlace de la estructura fue Giovanni Marroquín Navas, quien espera un debate por el caso La Línea. “Ofreció agilidad en los trámites y aparece en una agenda que fue incautada”, mencionó el comisionado Velásquez.
Una investigación fue planteada en 2016, “Impunidad y defraudación SAT”, que involucró a la empresa Aceros de Guatemala, S. A., por haber omitido pagos al fisco por más de Q700 millones.
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El diputado “Filipao”
Un antejuicio fue interpuesto en contra del diputado de Todos Felipe Alejos Lorenzana. “Era otro intermediario. Ofrecía un portafolio de gestión ante la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar sus peticiones de crédito fiscal”, explicó Aldana.
“Filipao” era conocido el legislador, según las escuchas telefónicas que cuenta la investigación.
Juez señalado
El segundo antejuicio fue planteado en contra de Adrián Rodríguez, titular del Juzgado Séptimo Penal. Los hallazgos detallan que el oficial de audiencias Ernesto Caal Caal “apoyaba” al juez para que el Ministerio Público no tuviera avance en la persecución penal.
Uno de los casos que cuenta el caso es el proceso de Rigoberto Chacaj, apodado “Compadrito”, en donde el juez Rodríguez “actuó de acuerdo para impedir la persecución”.
Empresas señaladas
El caso cuenta con 30 expedientes de devolución fiscal en 2011, 2013 y 2014. Son nueve empresas que contrataron los servicios para obtener la devolución fiscal.
Uno de los ejemplos de la agilización del crédito fiscal fue la empresa Aceros de Guatemala, S. A., que tramitó tres expedientes, uno de ellos logró la devolución de Q13.4 millones. De los cuales Marroquín Navas cobró 11.5% de comisión, Q1.5 millones.
Otras empresas señaladas fueron Industrias de Tubos y Perfiles, Maya Quetzal, Ingenio Magdalena, Reforestadora de Palma, Ingenio Palo Gordo.
Asazgua se pronuncia
Por su parte, la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) compartió su postura ante los señalamientos a uno de sus ingenios agremiados por parte de las autoridades.
En ASAZGUA como toda entidad gremial, no tenemos ninguna injerencia sobre las decisiones y operaciones propias de cada uno de nuestros asociados. Estamos convencidos que cada empresa debe operar con estricto apego a la ley. Lamentamos la situación que enfrenta uno de nuestros agremiados, esperamos que el caso sea dilucidado siguiendo el debido proceso en los tribunales correspondientes, respetando el Estado de Derecho y la presunción de inocencia".
