El diputado Roberto Villate se presentó este jueves a la Torre de Tribunales para presentar sus pruebas de descargo en el proceso de antejuicio que se sigue en su contra por supuesto financiamiento electoral ilícito.
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La jueza Anabella Cardona, de la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, había citado en diez ocasiones al legislador; sin embargo, este se había excusado.
Desde que se inició el proceso, la defensa de Villate presentó cuatro recusaciones contra la togada y todas ellas fueron rechazadas.
El pasado martes, se informó que Cardona ya no citaría a Villate y que continuaría con el análisis de los medios de prueba presentados por el Ministerio Público (MP) para poder emitir el informe correspondiente en el cual recomendará o no retirarle la inmunidad al señalado.
El plazo para elaborar el informe vence el 31 de enero; y posteriormente el documento deberá ser remitido a la Corte Suprema de Justicia.
Villate aseguró días atrás que la pesquisidora no le ha notificado sobre el proceso de antejuicio. “Yo creo que la notificación a través de los medios no debe darse”, dijo.
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Y hoy afirmó que “es el día oportuno” para poder presentarse en Tribunales y que presentará evidencia y documentos para demostrar que “son falsos” los señalamientos que se hacen en su contra.
Añadió que está a la espera de que la Corte de Constitucionalidad resuelva un amparo que solicitó debido a que el 4 septiembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia tenía “obligación” de notificarle sobre el antejuicio, pero no lo hizo.
“Hay sentencias declaradas de la CC donde se establece que toda resolución debe notificarse”, expuso.
Señalamientos
El legislador fungió como secretario general del extinto partido Libertad Democrática Renovada (Lider) durante 2015 y en esa fecha presuntamente se habrían registrado acciones irregulares con relación al financiamiento para la campaña electoral de esa organización.
Según investigaciones del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el partido Lider habría recibido contribuciones anónimas y no registradas por al menos Q21 millones 777 mil.
La Fiscalía determinó que esa organización también recibió ingresos de financiamiento privado “sin documentos de respaldo legítimo”; y que se detectó la existencia de intereses bancarios acreditados sin la suficiente documentación de soporte.
