El futuro de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) devino en tema central del proceso político brasileño de cara a las elecciones de octubre.
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Líder en todos los sondeos de intención de voto, su postulación a un tercer mandato quedó al borde del precipicio luego de que la justicia ratificara la semana pasada en segunda instancia una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción.
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"Es una figura muy carismática y no sin razón está entre las primeras posiciones en cualquier análisis. Entonces, decir que está muerto políticamente (…), decir que su imagen, su palabra, su presencia no va a tener influencia, ahí creo que muerto no está", afirmó Michel Temer en una entrevista con la radio paulista Bandeirantes.
Temer aseguró que preferiría que el expresidente de izquierda compitiera en los comicios, una posibilidad más remota tras el fallo judicial, ya que la ley brasileña impide presentarse para cargos electivos a quienes tengan una condena confirmada por un tribunal superior.
"Personalmente, me gustaría que no tuviera que enfrentar todas esas acusaciones, que pudiera disputar la elección y ser derrotado por los votos, porque eso pacificaría al país. Evidentemente, su no participación tensiona al país".
El exmandatario puede recurrir en libertad y su eventual candidatura a la jefatura del Estado será juzgada por la justicia electoral. La inscripción oficial de los candidatos recién ocurrirá entre el 20 de julio y el 15 de agosto.
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Temer, de 77 años, y Lula, de 72, son viejos conocidos.
Aliados desde la primera presidencia del líder de izquierda que sacó a Brasil del mapa del hambre, Temer fue vicepresidente de Dilma Rousseff, sucesora y ahijada política de Lula, finalmente destituida en 2016 por el Congreso.
Las fuerzas de izquierda definieron al impeachment por manipulación de las cuentas públicas como un "golpe parlamentario" encabezado por Temer, quien asumió el poder para completar el mandato e implementó un programa de sesgo liberal, intentando reencauzar una economía en recesión.
Lula fue condenado por recibir un apartamento de la constructora OAS a cambio de favorecerla con contratos en la estatal Petrobras, centro de una oscura red de financiación ilegal a partidos políticos, la primera de las muchas cuentas que tiene abiertas en la justicia.