Comunidades indigenas que luchan por sus territorios continúan sufriendo represión, como la de hace 38 años en la masacre de la Embajada de España, que dejó 37 muertos, denunciaron este miércoles decenas de indígenas y campesinos.
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Con una caminata hacia el lugar que ocupó la sede diplomática, los activistas recordaron la matanza de indígenas y denunciaron la persecución que sufren estos pobladores a manos de fuerzas de seguridad y empresas de megaproyectos y monocultivos.
"Por la memoria, verdad y justicia de los héroes y mártires, seguimos luchando en contra de las violaciones de los derechos humanos", manifestaron miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones que convocó los actos conmemorativos.
La masacre en la embajada de España ocurrió el 31 de enero de 1980 en el desalojo violento de una ocupación campesina para denunciar violaciones de los derechos humanos y represión en comunidades indígenas en el norte y oeste del país, principalmente a manos del ejército durante la guerra civil (1960-1996).
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Para desalojarlos, militares y policías irrumpieron en la embajada desatando un incendio.
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Entre las víctimas figura Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú; el cónsul español, Jaime Ruiz del Árbol; el exvicepresidente de Guatemala Eduardo Cáceres y el excanciller Adolfo Molina.
En los actos conmemorativos se realizó una ceremonia maya con flores, velas y fuego, mientras un grupo de activistas cargó un ataúd para recordar a las víctimas.
"Vinieron a quemar vivos a nuestros hermanos y hermanas", señaló durante la ceremonia el dirigente indígena Daniel Pascual.
En la incursión militar sobrevivió el entonces embajador español, Máximo Cajal, fallecido en 2014, mientras que el único de los ocupantes indígenas rescatado con vida, Gregorio Yujá, fue posteriormente secuestrado del hospital y su cadáver lanzado en el campus de la estatal Universidad de San Carlos.
En 2015, un tribunal condenó a 90 años de prisión por la matanza a Pedro García Arredondo, exjefe de la desaparecida Policía Nacional.
"Reiteramos que las estructuras de poder criminal que se ensañaron contra los pueblos indígenas durante el conflicto armado interno siguen latentes e impunes", agregó la Fundación Rigoberta Menchú en un comunicado.
El conflicto armado interno en Guatemala dejó más de 200.000 muertos y desaparecidos, según una Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU.
