El tribunal londinense de Westminster, que el pasado 6 de febrero rechazó levantar la orden de detención contra Julian Assange, tiene que determinar si esta orden de detención es de interés público, tal como pidió la defensa.
El australiano de 46 años se asiló en junio de 2012 en la embajada de Ecuador, un edificio de ladrillos rojos situado en el exclusivo barrio de Knightsbridge, para evitar una extradición a Suecia, donde estaba acusado de violación y agresiones sexuales que él niega haber cometido.
Assange, quien recibió la nacionalidad ecuatoriana en diciembre, teme que si es detenido termine siendo extraditado y juzgado en Estados Unidos por la divulgación de los archivos WikiLeaks en 2010.
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La fiscalía sueca archivó la investigación en mayo de 2017, pero la semana pasada, la jueza Emma Arbuthnot decidió que la orden de detención seguía siendo válida desde un punto de vista legal, porque esa decisión se emitió después de que Assange violara las condiciones de su fianza.
¿Pena cumplida?
En Twitter, Assange destacó que teóricamente él "ya purgó más de tres veces la pena máxima" por evadir la justicia.
También se refirió a un artículo publicado el lunes por The Guardian, el cual alegaba, citando correos electrónicos de la fiscalía británica, que había disuadido a Suecia de desestimar la acusación.
Con la esperanza de alcanzar una solución a este rompecabezas jurídico y diplomático, Ecuador le otorgó la nacionalidad ecuatoriana al fundador de Wikileaks, con la idea de que la inmunidad le permitiera salir de la legación.
Pero el Reino Unido se negó a otorgarle un estatus diplomático que le hubiera permitido dejar esa embajada sin ser detenido por la policía británica.
Assange ha hecho una pocas apariciones públicas en el balcón de la embajada donde vive desde junio de 2012, en un apartamento estrecho y con un gato como única compañía.
Al final de la audiencia de la semana pasada, Ecuador aseguró que continuaría protegiendo a Julian Assange, "mientras su vida corra peligro".
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También dijo que continuaría buscando con el Reino Unido una "solución que fuera satisfactoria para ambos países y respetuosa de los derechos humanos".