La jueza Marcia G. Cooke ordenó, no obstante, a Ricardo Martinelli pagar un millón de dólares en efectivo para quedar en libertad bajo fianza y permanecer en su casa de Miami.
“(Martinelli) deberá participar en un programa de detención domiciliaria y respetar todos los requerimientos del programa”, expresó la jueza en su resolución.
Entre esos requisitos hay un sistema de monitoreo electrónico o de verificación del lugar en donde está, que deberá pagar el expresidente.
“Deberá permanecer en su casa en todo momento, excepto por necesidades o tratamientos médicos y para acudir al tribunal”.
El exmandatario de 65 años, que fue detenido en su casa de Miami en junio de 2017, está acusado de corrupción y de espiar a adversarios políticos en Panamá.
El gobierno panameño pidió su arresto después que el expresidente optara por no presentarse en una audiencia judicial en 2015, donde enfrentaría acusaciones por la presunta creación de lo que las autoridades describieron como un “sistema ilegal de interceptaciones telefónicas y de otras conversaciones”, de al menos 150 personas. También está acusado de malversación de 13 millones de dólares de fondos públicos vinculados con el sistema de espionaje.
Martinelli, quien fue presidente entre 2009 y 2014, niega las acusaciones y ha dicho que son parte de una persecución política de su sucesor, Juan Carlos Varela.
En un documento de tres páginas que aparece en el expediente en línea, Cooke expresó que tenía jurisdicción para tomar la decisión y que existían circunstancias especiales para justificarla, entre ellas, el hecho de que “es un exjefe de Estado de un país soberano con largas relaciones con Estados Unidos, su edad avanzada y el deterioro de su salud mientras está detenido, y la posibilidad de que su apelación sea exitosa”.
Otro juez federal le había negado anteriormente la libertad bajo fianza a Martinelli y había accedido a su extradición. La propia jueza Cooke ratificó el 23 de enero esa orden de extradición.
El departamento de Justicia pidió que Martinelli no sea liberado de inmediato, para poder apelar la decisión de la jueza ante la Corte de Apelaciones de Atlanta.