La semana pasada el presidente de la comisión de Transparencia del Congreso, Amilcar Pop, solicitó tomar el control de la empresa debido a varias denuncias tanto por el servicio como el trato a los empleados.
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Morfin explicó que para lograr la intervención se requiere de varios elementos, por lo que abogados de la PGN harán los estudios.
“Corresponde resolver la problemática del transporte colectivo por la inversión que se hizo”, explicó la procuradora general.
Sin soluciones
La funcionaria agregó que la solución del transporte público le corresponde a la Municipalidad de Guatemala, ya que por más de 30 años no se ha dado respuesta integral.
Los entes de investigación señalan de fraude y peculado al expresidente Álvaro Colom y a su gabinete por la aprobación del acuerdo gubernativo para el traslado de US$35 millones para el funcionamiento del Transurbano, que empezó a operar en junio de 2010.
