"Mientras las discusiones están en curso y se están considerando revisiones, el presidente apoya los esfuerzos para mejorar el sistema federal de verificación de antecedentes", indicó en un comunicado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
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Donald Trump se ha visto sometido a una presión cada vez mayor para tomar medidas respecto al control de armas, especialmente después del tiroteo que el miércoles pasado dejó 17 muertos en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Florida.
El agresor, identificado como Nikolas Cruz, había obtenido la autorización para comprar su arma, un fusil semiautomático, a pesar de tener antecedentes policiales de comportamiento violento.
Cruz compareció este lunes ante un tribunal de Fort Lauderdale, para una audiencia técnica en la que no habló. Fue su primera aparición pública desde que fue detenido sin derecho a fianza por cargos de asesinato premeditado.
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Estudiantes que sobrevivieron al ataque han llamado a una marcha en Washington para exigir cambios en las leyes de armas de Estados Unidos, desafiando a Trump y a la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).
La portavoz presidencial dijo que Trump había hablado con los senadores Chris Murphy (demócrata) y John Cornyn (republicano), patrocinadores conjuntos de un proyecto de ley para establecer una base de datos nacional, exigiendo a los estados y las agencias federales que informen con más frecuencia sobre delitos que impedirían que un individuo compre un arma.
Se trata, no obstante, de una solución técnica limitada, que deja sin resolver el problema más amplio de las permisivas leyes de armas bajo una enmienda constitucional que protege el derecho a portarlas.
