Leonel Villamar, intendente de Fiscalización, explicó que la SAT solo autoriza el proceso pero le corresponde al Ministerio de Finanzas o al Banco de Guatemala realizar el reintegro, lo cual ha generado tergiversaciones por ciertos grupos de contribuyentes.
Según el funcionario, el atraso en la supervisión de las solicitudes pudo darse por la aprobación de la reforma tributaria en 2012, lo cual sobrepasó el límite de la reserva que tenían las entidades encargadas para la devolución, por lo el año pasado se aprobó el plan emergente para ese trámite y autorización.
La Intendencia de Fiscalización asignó mil 618 auditorías para la revisión de ese proceso, de las cuales se han autorizado 898 procesos, entre ellos auditorías finalizadas autorizadas y otras con monto parcial aprobado, que representan un pago de Q890 millones, dichas solicitudes son de los periodos de 2013 a 2015.
Hay un estimado de mil 200 formularios que corresponden a 2016 y 2017 y se autorizarán dichas solicitudes que cumpla con los requisitos que establezca la ley, algunos contribuyentes pueden hacer el proceso de revocatoria e iniciar el proceso administrativo”, comentó Villamar.
El intendente agregó que 113 contribuyentes desistieron de las auditorías sobre devolución fiscal y a la vez presentó las acciones del plan de devolución para este año donde se incluirán análisis de riesgo y de muestreo, la descentralización para la toma de decisiones sobre ese tema y el incremento de personal.
Asimismo, seguirá la fiscalización sobre márgenes de ganancia o pérdida que reporten consecutivamente los contribuyentes, el pago de impuestos por dividendos, control del Impuesto al Valor Agregado de pequeños contribuyentes y tener presencias masivas.