El antes, durante y después del caso Transurbano, por el cual están ligados a proceso el expresidente Álvaro Colom y 12 integrantes de su gabinete de Gobierno, fue analizado este lunes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.
PUBLICIDAD
Como invitados participaron Aníbal García, abogado y exdiputado, quien presentó una denuncia en este caso; Mario Castañeda, abogado defensor de Colom; y Eduardo Velásquez, profesor investigador del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (Ceur) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
García señaló irregularidades en cuanto al proyecto de Transurbano, entre estas, que el contrato para la implementación del sistema prepago se haya hecho cuatro meses antes de que se tuviera disponibilidad financiera, lo cual según indicó, está evidenciado en un informe de la Contraloría General de Cuentas de 2011.
Otro aspecto que destacó es que se hizo un reparto del subsidio al transporte sin la fiscalización necesaria.
En la primera fase de la investigación se habla de un fraude al Estado por 35 millones de dólares (uno 270 millones de quetzales), pero el exlegislador argumentó que no es solo eso, sino que a lo largo de los años se han otorgado casi Q2 mil millones a la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) por concepto de subsidio y debe evaluarse cómo se utilizaron esos fondos.
El abogado señaló que en Guatemala el valor del pasaje que se paga no corresponde con la realidad, por lo cual los Gobiernos municipales y centrales “para evitarse conflictos” han implementado el pago de subsidio al transporte urbano, pero se han dado irregularidades.
PUBLICIDAD
“El subsidio se convirtió en un arca abierta en donde políticos, la AEAU y otras autoridades seguramente estuvieron repartiéndose un dineral que se daba en concepto de subsidio para el transporte”, expresó.
García detalló que la primera denuncia por anomalías en el tema de Transurbano fue planteada en el 2012 ante el Ministerio Público (MP) por un grupo de empresarios del transporte que señalaban a la AEAU de quedarse con una parte del subsidio.
“Las denuncias están desde el 2012 y nadie les puso atención”, dijo. Según él, fue hasta agosto de 2013 cuando se determinó que aparentemente la aprobación de los 35 millones de dólares se trataba de un fraude o una estafa.
Lee también: MP analiza resolución del caso Transurbano y podría plantear impugnaciones
¿Buses inexistentes?
Por aparte, el exdiputado recordó que en 2008 se tuvo una de las cifras más altas en el país en cuanto a la muerte de pilotos y los ataques contra las unidades de transporte, por lo cual se empezó a hablar de implementar un sistema prepago para que los conductores y ayudantes ya no recibieran dinero en efectivo.
El tema avanzó hasta llegar a hacer realidad el proyecto Transurbano; sin embargo, el investigador Eduardo Velásquez consideró que los empresarios aglutinados en la AEAU no tenían la competencia técnica y profesional para hacer un “estudio técnico serio” previo a implementarlo.
De igual forma, tanto García como Velásquez hicieron referencia a que el proyecto de sistema prepago, que incluía la instalación de molinetes y equipo para cobro electrónico por medio de tarjetas, contemplaba la adquisición de 3 mil 150 unidades de transporte nuevas, pero solo 450 ingresaron al país.
Según refirieron, el acuerdo que le da vida al Transurbano señala que los 35 millones de dólares eran supuestamente para comprar el sistema prepago para la totalidad de buses y como no se compraron todas, de acuerdo con los hallazgos, el resto de los equipos (valorados en unos Q102 millones) están “embodegados y tirados”.
En ese sentido, el profesor del Ceur consideró que el primer problema de Transurbano está en su nacimiento.
Por su parte, el abogado del expresidente Colom, Mario Castañeda, opinó que es “obvio” que hay cosas que no están bien; sin embargo, consideró que debe determinarse las responsabilidades.
“El proyecto en sí no lo considero perverso, ni que fue un producto para estafa. Si hubo alguien que en el camino se pudo haber aprovechado de la situación, es algo que les corresponde a las autoridades determinar”, manifestó.
De igual forma, recordó que el proyecto de implementación del sistema prepago nació de una comisión que instaló el entonces presidente Oscar Berger en 2005.
“Esta comisión durante tres años discutió el tema y en 2009, el ministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight presentó un plan de modernización y recuperación económica, dentro del cual se mencionaba el tema de seguridad y se recoge la implementación del prepago”, añadió.
