El gobierno del presidente Donald Trump interpuso el martes una demanda para bloquear las leyes de California que amplían las protecciones a las personas que viven sin permiso en el país, lo que representa la medida más drástica que toma para obligar a las ciudades y estados santuario a cooperar con las autoridades de inmigración.
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Los funcionarios de California respondieron que defenderán sus leyes.
El Departamento de Justicia argumenta que tres leyes estatales que, entre otras cosas, prohíben a la policía preguntar a las personas su condición migratoria o participar en detenciones relacionadas con inmigración son inconstitucionales e impiden a los agentes federales cumplir su trabajo. En la demanda se menciona como acusados al estado de California, al gobernador Jerry Brown, y al fiscal general Xavier Becerra.
“Pues venga”, dijo el presidente interino del Senado de California, el demócrata Kevin de Leon, que redactó la ley de estado santuario.
Es un nuevo enfrentamiento entre el gobierno de Trump y California, que se ha opuesto al mandatario en diversas cuestiones, como impuestos y la política sobre la marihuana, y se rehúsa a ayudar a los agentes federales a detener y deportar a inmigrantes que viven sin permiso en el país. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo que aumentará su presencia en California, y el secretario de Justicia, Jeff Sessions, pretende que se cancele la financiación a las jurisdicciones que rehúsen cooperar.
El Departamento de Justicia también revisa la decisión de la alcaldesa de Oakland, Libby Schaaf, de advertir por adelantado sobre redadas de inmigración, lo que permitió a cientos de personas evitar su captura. Schaaf dijo el martes que la ciudad “continuará informando a todos los residentes sobre sus derechos constitucionales”.
Las leyes estatales impugnadas por el gobierno federal fueron una respuesta a las políticas de inmigración de Trump y al temor generalizado entre las comunidades de inmigrantes causado por la campaña en la que él prometió incrementar considerablemente las deportaciones de personas que viven sin permiso en Estados Unidos.
