A menos de un mes para que se realice la consulta popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo con Belice, Rafael Salazar, encargado de la Unidad de Soberanía y Dominio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), habló con Publinews y explicó los beneficios que tendrá Guatemala si sus ciudadanos deciden llevar el proceso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
¿En qué consiste la consulta popular con Belice?
Es un requisito para buscarle una solución definitiva al conflicto territorial, insular y marítimo que se tiene con Belice desde hace más de 150 años. El diferendo lo resolverá la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo ente internacional de justicia de las Naciones Unidas.
¿Qué le reclama Guatemala a Belice?
El reclamo legal de todos los derechos de Guatemala, sin renunciar a los territorios de las concesiones otorgadas por la Corona de España a la Corona británica, se reclama la costa de la Provincia de la Verapaz. La CIJ definirá desde dónde y hasta dónde llegan los derechos del país. Tenemos todas las de ganar.
¿Por qué si Guatemala tiene las de ganar no se había hecho la consulta?
Por las constituciones de ambos países. La nuestra incluye que dentro de la soberanía territorial está el territorio de Belice. Y la de Belice establece que sus límites se pactaron en la Convención de 1859, Aycinena-Wyke, la cual definía los territorios de Honduras Británica, entre Guatemala y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda; sin embargo, ese tratado lo derogó el Congreso en 1946. En 2005 se estableció la zona de adyacencia la cual se concibió como un área de amortiguamiento.
¿Hay falta de certeza jurídica en la zona de adyacencia?
Sí, la presencia de las fuerzas de seguridad es muy escasa y no es porque el Estado haya abandonado a las comunidades. Se logrará esa certeza cuando la CIJ resuelva el diferendo. La falta de certeza jurídica genera desconfianza y por eso es que no hay inversión ni en los programas de gobierno, ni en lo privado.
¿Qué pasa si no se realiza la consulta popular?
Perdemos la oportunidad de resolver en definitiva el diferendo con Belice que lleva más de 150 años.
¿Qué ha sido lo más complicado del proceso?
El decreto de convocatoria emitido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque al principio se nos prohibió utilizar recursos del Estado para trasladar la información y tuvimos que hacer gestiones con la cooperación internacional. Elaboramos una campaña de información que no hemos podido llevarla a cabo por la falta de recursos.
¿Cuántas personas están a cargo de la consulta?
Somos seis en la Unidad de Soberanía y Dominio del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), pero tenemos el apoyo de otros funcionarios de la cartera.
¿Cuál será el beneficio de la consulta?
La integración de los pueblos indígenas porque la Provincia de la Verapaz fue dividida cuando se trazó la línea imaginaria. La población del sur de Belice es maya. Otros de los beneficios serán el comercio y la inversión. Belice se podrá integrar al sistema centroamericano porque es parte del Triángulo Norte y no se incluye por la falta de certeza jurídica.
¿La CIJ podría resolver que los cayos de Belice pasen a Guatemala?
Son más de cien islas, islotes y cayos que no están reconocidos en ningún documento. El Gobierno de España reconoce que todo ese territorio es de Guatemala, pero los administra Belice; sin embargo, la Corte lo deberá resolver.
¿En cuánto tiempo se conocerá el resultado de la consulta?
Talvez, al día siguiente, aunque es una decisión del TSE.
¿Cuánto tiempo se tomará la CIJ para resolver?
Hasta siete años, el proceso empezará cuando Guatemala y Belice le notifiquen a la secretaría de la CIJ que ya realizaron sus consultas y que ganó el sí.
¿Quién llevará el proceso ante la CIJ?
Un bufete internacional, el cual podría costar hasta US$10 millones, más los gastos de la agente, el enlace entre la CIJ y los abogados. No es oficial, pero la designada podría ser la embajadora y excanciller Maritza Ruiz de Vielman. Ella fue quien le presentó a la Secretaría General de las Naciones Unidas en 1994 la reserva formal sobre el territorio de Belice y ahí empezó la negociación.