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Caso Construcción y Corrupción: Empresarios se declararán culpables en juicios abreviados

Los nueve sindicados recibirán penas mínimas sin prisión y se espera que se comprometan a reparar un tramo carretero.

Este jueves se desarrolla la audiencia en la cual nueve empresarios de la construcción vinculados al caso Construcción y Corrupción, se declararán culpables en juicios abreviados.

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El proceso está a cargo de la jueza de Mayor Riesgo D, Ericka Aifán, y se realiza en la “megasala”, esta se inició con la argumentación de los fiscales del Ministerio Público.

Los señalados estarían recibiendo penas mínimas de prisión, que serían de cinco años conmutables a Q100 por día, así como una multa de Q500 mil, y se espera que se comprometan a reparar un tramo carretero.

El Ministerio Público (MP) se encuentra realizando la argumentación previo a hacer la petición de que se les dicte sentencia por haber incurrido en los hechos ilícitos.

En tanto, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitará a cada uno de los sindicados la reparación de entre tres y diez kilómetros de la ruta que conduce de Parramos a Chimaltenango, lo que significaría la inversión de Q6 millones a Q10 millones.

Sindicados

Los empresarios que están dispuestos a aceptar los hechos son:

  1. Álvaro Mayorga Girón
  2. Juan Luis Tejada Argueta
  3. José Luis Rodrigo Agüero Urruela
  4. Raúl Eduardo Cuevas Alvarado
  5. Rafael Ángel Díaz Fión
  6. Rafael Ángel Díaz Samos
  7. Jesús Augusto García Ibáñez
  8. Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga
  9. Allen Robert Krebs Wickfors

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El caso

Por este caso, el MP ya presentó la acusación formal contra 25 personas y solicitó los procedimientos abreviados para los nueve empresarios, señalados del delito de cohecho activo.

Según las investigaciones, durante la gestión de Alejandro Sinibaldi, en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda existió una estructura criminal dedicada a realizar cobros ilegales a empresarios a cambio de pagarles deuda de arrastre y otorgarles nuevos proyectos.

Los pagos anómalos eran movilizados a través de empresas “de cartón” para simular su legalidad.

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