Un total de 68 personas murieron el miércoles durante un presunto incendio en calabozos policiales de la ciudad de Valencia (norte), que se habría originado durante un motín, en una de las peores tragedias carcelarias de Venezuela.
Tras varias horas de incertidumbre el fiscal general, Tarek William Saab, confirmó hacia la medianoche la cifra de víctimas, mencionando como causa un posible incendio.
Saab no precisó cómo se originaron las llamas, pero la ONG Una Ventana a la Libertad -que defiende los derechos de los presos- asegura que se iniciaron en medio de un amotinamiento.
"Ante los terribles hechos acaecidos en la Comandancia de la Policía del Estado Carabobo, donde por un presunto incendio fallecieron 68 personas, hemos designado cuatro fiscales (…) para esclarecer estos dramáticos hechos", señaló el fiscal en Twitter.
Una Ventana a la Libertad dijo que el motín estalló en la madrugada del miércoles en la jefatura de policía de Carabobo, y culpó al gobierno por el hacinamiento que se registra en ese y otros centros de detención provisional.
Carlos Nieto, director de esa ONG, había cifrado más temprano en 78 el número de fallecidos.
El fiscal no detalló cuántas de las víctimas son presos, aunque dijo que "66 (son) hombres y dos mujeres que se encontraban en calidad de visitantes (pernocta)" en el recinto.
La pernocta de familiares de presos está permitida en algunos centros de detención; en otros, el gobierno la ha suspendido al considerarla fuente de conflictos.
Según la ONG, algunos de los detenidos de Valencia habrían despojado de su arma a un agente al que hirieron en la pierna, y luego de esto se inició el incendio.
"Unos fallecieron calcinados y otros por asfixia", aseguró Nieto.
– Historial violento –
El suceso es uno de los más mortíferos en el largo historial de incidentes carcelarios de Venezuela, y puso de relieve la grave situación de las prisiones del país, que se cuentan entre las más violentas de la región.
Al menos 388 personas han muerto en los reclusorios venezolanos desde 2011, según cifras oficiales y de ONG de derechos humanos.
En agosto de 2017, un motín dejó 37 muertos y 14 heridos en unas celdas policiales del estado de Amazonas (sur).
Mientras que en abril de 2017 un choque entre bandas rivales se saldó con 12 muertos y 11 heridos en la cárcel de Puente Ayala, en la ciudad de Barcelona (este).
Un mes antes fueron hallados los restos de 14 personas en una fosa común en la clausurada Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de Los Morros (centro del país).
Fotografías tomadas por miembros de la ONG en Valencia muestran el cuerpo de un hombre con quemaduras y a bomberos atendiendo la emergencia.
En medio de la confusión, familiares intentaron ingresar a la sede policial -que depende de la gobernación de Carabobo- y durante el forcejeo un funcionario fue herido con una piedra. La protesta fue dispersada con bombas lacrimógenas, precisó Una Ventana a la Libertad.
Un video difundido en Twitter muestra a decenas de personas exigiendo información, entre ellas mujeres llorando frente a un piquete policial que custodiaba el lugar.
"Soy una madre desesperada. Mi hijo tiene una semana aquí. No han dado información de nada", declaró a medios locales Dora Blanco.
Corresponsales locales informaron en Twitter que la situación en la comandancia policial era tensa en la noche.
– Hacinamiento –
Nieto afirmó que lo ocurrido "no es una situación aislada", pues "todas las comisarías de policía de Venezuela están viviendo condiciones iguales o peores de hacinamiento, falta de alimentos y enfermedades".
El pasado 16 de marzo, 58 presos escaparon de un calabozo en la turística isla de Margarita, en el norte del país. Los reos -que fueron recapturados- huyeron a través de un agujero que abrieron en una pared.
El hacinamiento en las cárceles de Venezuela obliga a los cuerpos de seguridad a utilizar centros policiales como lugares de reclusión permanente. Aunque por ley los detenidos no deberían pasar allí más de 48 horas.
La ONG, que estima que la sobrepoblación en esas dependencias alcanza 400%, denunció que 65 personas (62 reclusos, un familiar y un policía) murieron en 2017 en choques por el control de calabozos y por padecimientos asociados a la desnutrición y la tuberculosis.