El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que según juristas podría ser detenido la próxima semana, una vez su defensa haya agotado sus últimos recursos, aún no ha reaccionado al fallo.
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El presidente conservador Michel Temer y muchos de sus aliados deberán evaluar si lo que ocurrió los librará, sobre todo, de un rival político de talla o, más bien, los dejará más expuestos a los fiscales y jueces de la "Operación Lava Jato".
Esa megainvestigación desvela desde hace cuatro años una gigantesca red de sobornos en Petrobras, que salpicó prácticamente a todos los partidos y a empresarios de primer plano.
Lula, de 72 años, fue precisamente condenado en enero pasado por un tribunal de apelación a 12 años y un mes de cárcel, acusado de recibir un apartamento de lujo de una constructora involucrada en esa trama.
El exmandatario pretendía conservar su libertad hasta agotar los cuatro grados del sistema jurídico brasileño. Pero con un apretado resultado de 6 a 5, los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) rechazaron el recurso (habeas corpus). De haberlo obtenido, su proceso hubiera podido alargarse meses, sino años.
"La presunción de inocencia no puede llevar a la impunidad" , dijo la presidenta de la corte Cármen Lúcia, que aportó el voto que selló el resultado.
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Elecciones inciertas
El que fuera el presidente más popular de la historia reciente de Brasil, aclamado internacionalmente por sacar de la pobreza a millones, siguió el debate desde una sala del Sindicato de Metalúrgicos en Sao Bernardo do Campo, cinturón obrero de Sao Paulo. Y avanzada la noche regresó discretamente a su departamento en la misma localidad.
El Partido de los Trabajadores (PT), que Lula cofundó en 1980, prometió defender en las calles y ante todas las instancias la candidatura presidencial de Lula "hasta las últimas consecuencias".
"El pueblo brasileño tiene derecho a votar por Lula, el candidato de la esperanza", dijo el mensaje. "El Partido de los Trabajadores defenderá su candidatura en las calles y en cada tribunal ante las últimas consecuencias".
Pero incluso si evitara la cárcel, su candidatura seguiría en jaque porque la justicia electoral impide postularse a condenados en segunda instancia.
Ante esa posibilidad cada vez más plausible, los analistas anticipan los comicios más inciertos desde la vuelta de la democracia en Brasil en 1985.
*Con información de AFP y AP
