La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, emitió ayer sentencias condenatorias para nueve empresarios de la construcción, quienes aceptaron haber pagado sobornos al exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.
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Se trata de Álvaro Mayorga Girón, Juan Luis Tejada Argueta, José Luis Rodrigo Agüero Urruela, Rafael Ángel Díaz Fion, Rafael Ángel Díaz Samos, Jesús Augusto García Ibáñez, Pedro Luis Ramón Rocco Arrivillaga, Allen Robert Krebs Wickfors y Raúl Eduardo Alvarado Cuevas.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía en el caso Construcción y Corrupción demostraron que cometieron el delito de cohecho activo, y por medio de un procedimiento abreviado, la juzgadora emitió penas de cinco años de prisión conmutables a razón de Q100 diarios, así como multas de Q500 mil para los primeros ocho mencionados.
Para Alvarado Cuevas, se dictó también una sentencia de cinco años de cárcel, pero conmutables a Q25 diarios, y una multa de Q100 mil.
Asimismo, los empresarios deberán realizar diferentes proyectos como parte de la reparación digna. Estas obras ascienden a poco más de Q35 millones, e incluyen la construcción de escuelas y de tramos carreteros.
El tema de la sentencia fue analizado hoy en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en el cual participaron los abogados Juan Rodolfo Pérez Trabanino y Marco Antonio Canteo.
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Los entrevistados coincidieron en que este caso tiene características distintas a otros que han salido a la luz en los últimos meses en el país, ya que por medio de una comunicación efectiva entre las distintas partes del proceso se agilizó el juicio, se llegó a una condena y además se logró un beneficio para el país.
Cabe mencionar que para establecer qué proyectos debían desarrollarse como reparación digna, se realizó un análisis de parte de diferentes instituciones con el objetivo de determinar en dónde eran necesarios.
El ministro de Comunicaciones, Aldo García, explicó que se le hizo la consulta a él y a la Dirección General de Caminos y de manera técnica se sugirió las áreas en donde se debería de ejecutar esta obra.
Mientras que Eliseo Solís, abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN), indicó que se buscó que estos proyectos tuvieran un efecto directo en la población, la que en primera instancia habría sufrido un daño, según dijo.
Añadió que se le requirió a la cartera de Comunicaciones que cada tres meses presente un informe con relación a los avances en los proyectos.
Un antes y un después
A criterio de Pérez, este caso es interesante de analizar porque es distinto a los otros de alto impacto que han presentado el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) por temas de corrupción.
Lo que marcó la diferencia fue la actitud de los sindicados, porque casi todos desde el inicio aceptaron que fueron partícipes de un hecho de soborno, explicó.
De igual forma, manifestó que lo ocurrido en este caso “pasa todos los días en Guatemala” y obedece al criterio de los funcionarios para decidir a quién le pagan, por qué y cuánto.
Lo dicho por el abogado hace referencia a que los empresarios sentenciados le pagaron a Sinibaldi para que este les cancelara deuda de arrastre que el Estado mantenía desde varios años atrás. Sobre ello, aseguró que muchos constructores ya habían iniciado procesos de cobro judicial, y aunque habían ganado algunos, el Estado no les pagaba.
“Esto fue una extorsión. El funcionario de turno les ofreció una solución”, expresó.
De igual forma, resaltó que esta sentencia es un “ejemplo de una justicia restaurativa, de que se puede resolver un problema penal desde una política distinta a la cárcel”.
Por su parte, Canteo consideró que la resolución en este caso “puede marcar líneas importantes en materia de política criminal”. En este se incluyó un proceso de reparación digna que podría permitir que no se dé la sensación de impunidad en la población, pues los señalados deberán pagar multas y realizar obras que beneficiarán al país.
“Si los líderes de Guatemala se volcaran en un proceso de combatir la corrupción, esta sentencia es una buena oportunidad porque da medidas de prevención a futuro”, dijo.
Asimismo, resaltó la importancia de la elección de fiscal general que actualmente está en desarrollo, para que se designe a un profesional que pueda continuar con una línea que permita consolidar la visión de justicia y combatir la corrupción.
Adjudicación de proyectos
Pérez no descartó la posibilidad de que las empresas vinculadas con los sentenciados ya no puedan ejecutar proyectos para el Estado, pese a que estas personas cumplan con la reparación digna.
"En las bases de licitación de los nuevos proyectos, porque yo los he visto, soy abogado de varias constructoras, tienen cláusulas que prohíben a las empresas que tengan representantes, administradores, socios, parientes, conocidos o vecinos que hayan sido sindicados de actos de corrupción, ni siquiera condenados", explicó.
Y consideró que por lo tanto, se está cerrando la posibilidad de que "empresas con experiencia, que ya resarcieron, que ya pidieron perdón, que están dispuestas a enmendar sus conductas", participen en las licitaciones.
Pérez refirió que si se deja fuera de los proyectos del Estado a esas compañías, se corre el riesgo de que las obras sean adjudicadas a empresarios sin experiencia, lo cual podría repercutir en la mala calidad de la infraestructura.
Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Aldo García, manifestó que son los representantes legales y no las empresas las que están siendo condenadas.
“Esto se lo consulté yo a la PGN y al fiscal, si pueden seguir participando en licitaciones las empresas. Claramente me dijeron que a una empresa yo no la puedo llevar a la cárcel, sino al representa legal que es el que comete los errores”, refirió.
Asimismo, el funcionario explicó que cuando se lanza una licitación de parte de esa cartera, las juntas de licitación y calificación se encargan de revisar que se cumpla con lo que exige la ley de Compras y Contrataciones del Estado.
