Por razones humanitarias, el empresario Gustavo Alejos volvió a ser beneficiado con arresto domiciliario en el caso Negociantes de la Salud. La audiencia en la que el Juzgado Séptimo Penal le otorgó la medida sustitutiva se llevó a cabo este jueves a puerta cerrada.
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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, explicó que la defensa del exsecretario privado de la Presidencia hizo la petición a la judicatura, fundamentándose en cuestiones humanitarias por un padecimiento cardiaco que estaría aquejando al sindicado.
El juez le concedió medidas sustitutivas que consisten en firmar el libro de la Fiscalía cada cierto tiempo, permanecer bajo arresto domiciliario y una caución económica; sin embargo, Alejos no podrá dejar la prisión.
Esta situación se debe a que el señalado no solo está siendo procesado en este caso, sino también en Cooptación del Estado y Transurbano, y en este último, recientemente se le ligó a proceso penal y fue enviado a prisión preventiva.
Impugnación
Sandoval adelantó que el Ministerio Público accionará legalmente contra la resolución del juzgador que le otorgó la libertad condicional.
“La decisión del juzgador, por no compartirla, va a ser impugnada por la fiscalía”, refirió.
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Señalamientos
La Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron en 2015 los resultados de una investigación acerca de supuestas irregularidades en la adquisición de medicamentos de parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
De acuerdo con las pesquisas, existía una estructura de corrupción conformado por particulares, funcionarios y empleados del IGSS, que habría beneficiado a ciertos proveedores particulares en los procesos de compra-venta de los insumos, ello a cambio de “comisiones”. Según el MP, en este tipo de acciones se vieron comprometidos los recursos del Estado,
Alejos es señalado de supuestamente influenciar de manera anómala a las autoridades del Seguro Social para que beneficiaran a sus empresas con contratos millonarios.
Cabe mencionar que en el caso Transurbano hay 13 personas procesadas por estar vinculadas con la aprobación de un acuerdo para implementar un sistema de transporte, el cual derivó en un fraude de 35 millones de dólares al Estado de Guatemala. Alejos es uno de los señalados y la Fiscalía lo sindica de los delitos de fraude y lavado de dinero u otros activos.
