El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, se pronunció con relación a la posible fuga de información que incidió en que no se pudieran ejecutar tres órdenes de captura contra personas señaladas de actos irregulares en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
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Ayer se realizaron allanamientos por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en seguimiento a la investigación por el referido caso.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) detalló que en el operativo se pretendía capturar a Henry Madrid Romero, Carlos Humberto González y Juan Carlos Fernández Valle; sin embargo, no fueron encontrados en sus domicilios durante las diligencias de allanamiento.
“Los sindicados ya habían sido alertados de los operativos mediante llamadas telefónicas realizadas el jueves 12 de abril. Incluso en uno de los domicilios allanados ya se encontraba el abogado representante de uno de los sindicados aguardando el operativo policial”, señaló la Fiscalía e indicó que esto podría deberse a la posible fuga de información.
A criterio del magistrado de conciencia, esta situación demuestra la “precaria condición del sistema de justicia, cuya degradación, cada vez más evidente, exige una profunda reforma cada día más apremiante”.
Recomienda dar marcha atrás
Según el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, por disposición de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los jueces deben subir información de las órdenes de captura en un sistema en línea con la PNC, y esta podría haber sido la vía por la cual se tuvo acceso a los datos y estos se filtraron.
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En ese sentido, el procurador Rodas recomendó a la Cámara Penal revocar, con la mayor brevedad posible, la disposición administrativa por la cual se pudieron haber filtrado las órdenes de aprehensión.
Rodas resaltó que esa recomendación la hace “sin menoscabo del debido respeto por la independencia de las instituciones, pero ratificando la importancia de consolidar el Estado de Derecho y no solo el de legalidad”.
Llamado
Asimismo, el magistrado de conciencia hizo un llamado a las instituciones y organismos públicos para que asuman “de forma auténtica y medible” un verdadero compromiso por erradicar la impunidad, a través de todos los medios a su alcanza.
Ello porque a su criterio, no hay mayor violación contra los Derechos Humanos que la corrupción, “ni mayor atentado contra la justicia, que boicotearla”.
