El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron este jueves los resultados de la segunda fase de investigación del supuesto financiamiento electoral ilícito que habría recibido el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para la campaña electoral de 2015, en la cual resultó electo como presidente Jimmy Morales.
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El MP adelantó que solicitará la cancelación de FCN-Nación por estos hechos, con base al procedimiento establecido en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Según las pesquisas, la organización política habría recibido aportes por al menos Q15 millones de forma irregular, pues no fueron registrados ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Las autoridades cuentan con dos colaboradoras eficaces en este caso, quienes entregaron a la Fiscalía de Delitos Electorales la documentación para respaldar las aparentes irregularidades.
La fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez indicaron que, como parte del acuerdo de colaboración, las dos personas deberán entregar una reparación digna al Estado guatemalteco.
¿Quiénes son las colaboradoras?
La fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez indicaron que Paulina Paiz Riera y Olga Vitalia Méndez López, ambas con cargos de gerencia en la empresa Novaservicios S.A., se presentaron a la Fiscalía luego de conocer los resultados de la primera fase de la investigación, que se hicieron públicos en agosto del año pasado.
Revelaron cómo se desarrollaron los acuerdos entre un grupo de empresarios para apoyar al entonces candidato a presidente por FCN-Nación, Jimmy Morales, y se coordinó la recepción de fondos de parte de Novaservicios, la cual posteriormente también encargó de distribuirlos para pagarles a los fiscales electorales del partido, tanto en la primera como en la segunda vuelta de elecciones.
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Reparación digna
Velásquez resaltó que en virtud de la calidad del aporte de información, el órgano jurisdiccional competente concedió a las colaboradoras la aplicación del criterio de oportunidad y de sanciones que permitan una reparación digna.
En ese sentido, Paulina Paiz y Olga Méndez, deberán pagar cantidades económicas que serán destinadas para el TSE, específicamente a la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, así como para la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Organizaciones Políticas.
“Cada una deberá pagar en concepto de compensación o indemnización, la cantidad de 45 mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en quetzales, que equivale al triple de los aportes anónimos que se hicieron por parte de estas personas”, expresó el comisionado.
Además, deberán realizar a lo interno de la empresa los siguientes elementos:
- Implementar y adoptar un Programa de Cumplimiento Corporativo.
- Diseñar y adoptar un Código de Ética y Conducta Empresarial.
- Capacitar a los colaboradores de la empresa con relación al referido programa.
- Evaluar las medidas correctivas derivadas de la implementación del programa, con el objetivo de prevenir la reincidencia.
- Divulgación anual, dentro de las empresas, de los resultados en la implementación del programa.
Mientras que la empresa Novaservicios, a quien Velásquez calificó como tercera colaboradora en el caso, deberá pagar en concepto de compensación o indemnización Q2 millones 373 mil 100, cantidad que también será destinada al TSE.
