Por tercer día consecutivo, protestas multitudinarias contra el gobierno de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, se han extendido por todo el país.
Miles de manifestantes mostraron su inconformidad en las calles de Managua y otras ciudades, se enfrentaron con las fuerzas de seguridad y colocaron barricadas en vecindarios en reclamo contra las recién anunciadas reformas en el programa de seguridad social.
Las víctimas
Las violentas protestas contra la reforma al sistema de pensiones dejaron al menos 10 muertos, según informó la vicepresidenta Rosario Murillo.
Precisó que entre jueves y viernes "al menos 10 hermanos han fallecido" durante jornadas de protesta que calificó de "asonadas" y "asedio" de parte de personas interesadas en "romper la paz y la armonía".
Murillo adelantó que el gobierno está dispuesto a dialogar con los manifestantes sobre la propuesta de aumentar las contribuciones de trabajadores y patronos al sistema estatal de pensiones, que desató la ola de protestas iniciada el miércoles.
"El Presidente está en disposición de acoger el llamado de la empresa privada y retomar ese diálogo abierto, franco y darle continuidad a ese modelo de consenso que en Nicaragua ha dado tanto fruto", dijo Murillo.
Ortega tiene previsto anunciar este sábado el llamado al diálogo y pondrá "sobre la mesa todos los temas, incluso el de la seguridad social (…) porque no son propuestas concluidas", dijo Murillo.
El gobierno acogió la propuesta del sector privado de dialogar para evitar que se siga "derramando sangre", dijo.
¿De qué trata este problema?
El mandatario aprobó el 16 de abril la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tras varias mesas de negociación durante 2017, para fortalecer el sistema de pensiones mediante la distribución de responsabilidades entre las empresas y los trabajadores.
Según las autoridades, el principal objetivo de esta decisión es evitar la privatización del servicio prestado a los beneficiarios, mejorar la atención médica para todos y garantizar la seguridad social para la población.
La reforma publicada en Gaceta Oficial el pasado lunes mantiene la edad de jubilación en 60 años, así como el tiempo laborado para su otorgamiento: 15 años o 750 semanas, uno de los más bajos del mundo.
Además, establece una disminución del 5 por ciento de las pensiones y eleva los montos de las cotizaciones de forma progresiva, lo que implica un mayor aporte por parte de las compañías (de 19 a 22,5 por ciento) con respecto a los trabajadores (6,25 a 7 por ciento).